Bruselas negocia el cierre de la nueva política agrícola común tras tres años de debates | Economía

Bruselas negocia el cierre de la nueva política agrícola común tras tres años de debates |  Economía
Concentración de asociaciones agrarias de toda Europa para exigir un acuerdo PAC duradero, el pasado viernes en Bruselas.Ricardo Ruiz Varo / EFE

Tras el acuerdo político firmado el pasado mes de octubre y el obtenido en las últimas horas entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, los ministros de agricultura comunitarios intentarán cerrar las negociaciones para la reforma de la política agrícola común (PAC) entre el lunes y el martes. , que se han desarrollado a lo largo de los últimos tres años y cuya entrada en vigor se ha pospuesto dos años, hasta el 2023. Si se llega a un acuerdo, el ministerio que preside Luis Planas negociará las condiciones de su aplicación durante la próxima quincena con el autonómico. comunidades. , que debe incluirse en el actual Plan Estratégico acordado con los gobiernos regionales para su presentación a Bruselas antes de fin de año.

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De manera general, cuatro ejes marcarán la diferencia en la nueva PAC: el mayor peso de la política verde, ya que representa más del 40% del presupuesto debido a la condicionalidad reforzada; un impulso a la política de redistribución de fondos; mayor simplificación de su gestión; y el requisito de comprobar si las acciones han sido eficaces, más allá de los controles para determinar que el gasto se ha realizado correctamente.

En el caso de España, la nueva PAC contará con 47.724 millones de euros para un periodo de siete años, de los que unos 5.000 millones anuales corresponden a pagos directos, un volumen similar al recibido durante el periodo anterior, pero debido al efecto de inflación que el sector considera un 10% menor. Según un estudio de la UE, los fondos totales de la PAC representan el 36% de los ingresos de una explotación y solo los pagos directos representan el 26%. En total, de los 5.000 millones de fondos destinados a pagos directos, los recursos destinados a la ayuda a la renta básica representarán casi el 60%.

Una de las novedades más importantes es la política de ecoprogramas, medidas complementarias que un agricultor o un ganadero puede llevar a cabo más allá de los requisitos en materia de condicionalidad para recibir ayudas. A estos efectos, España defendió inicialmente sólo el 14% y luego se sumó al 20% planteado por Alemania. El Parlamento Europeo ha propuesto que este porcentaje llegue al 30% y que finalmente sea del 25%, que debería aplicarse de forma paulatina en dos o tres años a partir del 20%. Para España, esto significa desviar más de 1.000 millones de euros en pagos directos.

En principio, los planes ecológicos serían obligatorios para todos los países. En España, prácticas como la mejora de la sostenibilidad de los pastos, sistemas de siega, márgenes, rotación de cultivos, cobertura vegetal, pastoreo extensivo, agricultura de precisión, gestión de nutrientes, alternativas de quema de rastrojos, mejora y conservación de suelos, siembra directa o mejora de la biodiversidad. El consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, ​​considera que deberían tener como destinatarios prioritarios las pequeñas y medianas explotaciones.

Un techo por beneficiario

Como parte de la política redistributiva que defiende la UE, se ha negociado un tope de 100.000 euros por peticionario con un ajuste del 25% desde 60.000 euros; 50% entre 75.000 y 90.000 euros; y 80% desde 90.000 euros. Su aplicación será voluntaria en cada país. Los ministros deben definir los techos de convergencia de las ayudas dentro del marco comunitario para corregir las diferencias actuales y se estima que será del 85% en 2026. En España, Agricultura la ha regulado estableciendo que en la misma región el pago más bajo en 2021 Debe superar el 70% de la media regional para llegar al 80% en 2022, medidas que han provocado protestas en algunos territorios. El objetivo oficial es que un agricultor cobre lo mismo que otro por la misma actividad. Se debe decidir el porcentaje de fondos a aplicar en la política de redistribución y el porcentaje máximo a pasar de un pilar a otro, pagos directos y desarrollo rural. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) defiende que los pagos redistributivos representan al menos el 12% de los fondos destinados a apoyar la agricultura familiar.

Las ayudas para la integración de los jóvenes en la actividad agraria, que en la actualidad representan hasta un 2% de los fondos, mejorarán al tener que alcanzar «al menos» este 2%, con un techo de 100.000 euros.

Una puerta abierta al debate de última hora es la exigencia de condicionalidad social y el respeto de las normas de contratación de trabajadores para la recogida de ayudas. En cuanto a la definición del beneficiario prioritario de la ayuda, las propuestas prevén la necesidad de que los ingresos de la actividad representen al menos entre el 20 y el 30% de sus ingresos totales. El número de las primeras hectáreas de una explotación debe definirse con una ayuda superior.

El Coordinador de Organizaciones de Agricultores y Criadores (COAG) exige que se mantenga la prioridad en los pagos a los profesionales. También apoya la política medioambiental, pero teme que con los planteamientos actuales de política verde, reducción de fertilizantes, fitosanitarios, antibióticos o de superficie más ecológica, la propia autosuficiencia alimentaria de la UE, que se defendía con el tope inicial del pasado. , está en peligro. siglo, en un escenario de escasez mundial de alimentos. Mientras tanto, señala, hay barra libre para las importaciones de países menos controlados y con otros requisitos de calidad, lo que pone en peligro la viabilidad de las explotaciones familiares frente a los grandes grupos.

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