Casi la mitad de España no aplicará la futura ley de vivienda | España

Casi la mitad de España no aplicará la futura ley de vivienda |  España

Una ley que nació coja. Casi la mitad del país, regido por ley, no aplicará la futura ley de vivienda que establece un nuevo marco para el mercado del alquiler en España. Las cinco comunidades autónomas con los gobiernos del PP ―Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia―, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los municipios populares ―el PP tiene los alcaldes de cuatro de las ocho grandes capitales― Se negarán a aplicar la norma, como anunció este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, que critica el «intervencionismo suicida» de esta normativa. El PP se opondrá a las medidas gubernamentales para paliar el elevado coste de la vivienda en España y también recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional cuando sea aprobada.

los rebelión Contra la ley de las comunidades y municipios del PP es posible porque la norma requiere la colaboración de las administraciones. Por un lado, las Comunidades Autónomas, que han transferido la jurisdicción sobre la vivienda, deben solicitar la declaración de una “zona de estrés” en la que, según la futura normativa, los precios de alquiler pueden ser limitados. Por otro lado, los consistorios gestionan el Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria (IBI), sobre el que la ley establece un recargo de hasta el 150% a las viviendas vacías. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ya ha advertido que su gobierno se negará a aplicar este recargo. “No vamos a recargar el IBI con casas vacías. Es un ataque a la propiedad privada con pocos antecedentes y será inútil porque no ayudará a resolver un problema existente ”, dijo este martes el concejal de la ciudad. Martínez Almeida se ha soltado el pecho de su frontal oposición a la norma en las redes sociales, con un tuit en el que asegura que no hará «nada» para controlar el precio de los alquileres en Madrid. Sorprendentemente, el mensaje lo había difundido su oposición, Más Madrid, para criticarlo, pero tiene razón. «Lo que hará Almeida para regular el precio de los alquileres en Madrid: NADA», reza el tuit de Más Madrid, que Almeida retuiteó con este mensaje: «Exactamente».

La norma distingue dos situaciones para el control de los precios de alquiler: propietarios privados y empresas con más de 10 viviendas (“grandes propietarios”). Para los primeros, el principal medio de regulación son los incentivos fiscales, mientras que para los segundos se establecerán precios máximos. En ambos casos, las medidas se aplican en las zonas denominadas “estresadas”, cuya declaración debe ser solicitada por las comunidades autónomas al Gobierno. Se declarará “zona estresada” una zona donde los precios de alquiler han aumentado en los últimos años por encima de lo que se considera razonable.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que el Gobierno debe “respetar las competencias de las comunidades autónomas y locales”, por lo que la ley depende en parte de las autonomías que la aplican. Bolaños confió en que todos los gobiernos cumplirían con la ley, de lo contrario «perjudicarían a todos». «También a los propietarios», tocó el ministro, recordando que los propietarios de viviendas que se encuentren en zonas de estrés podrán acceder a ventajas fiscales si quieren rebajar el precio del alquiler. «Espero que las comunidades autónomas sean favorables a la defensa del interés general», instó Bolaños en TVE a primera hora de la mañana. Poco después, el líder del PP anunció por televisión que los gobiernos populares se enfrentarían a la norma.

Tras el anuncio de Casado, los gobiernos autonómicos del PP cayeron uno a uno contra la norma, con expresiones más o menos -o nada- templadas. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid presentará su propio recurso ante el Tribunal Constitucional, independientemente del realizado por el PP, porque considera que la ley invade sus competencias y critica el «atentado» contra la hucha de las familias, que genera «Miedo» y «limita la libertad». El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por su parte consideró la ley como un «ultraje» a sus poderes, aunque la Xunta pedirá acceso al proyecto para analizarlo y presentar alegatos. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, acusó de «ley comunista», y en Andalucía y Castilla y León censuraron la regla por «intervencionista».

Más allá del PP, hay desgana en determinadas autonomías de otros colores políticos, como Cataluña, gobernada por partidos independentistas, que también está estudiando si vuelve la ley. El gobierno está en un enfrentamiento con el gobierno central, porque el ejecutivo de Pedro Sánchez ha apelado a la ley de alquiler catalana, pionera en España, por la invasión de los poderes estatales. El Gobierno Vasco (PNV) está a la espera de conocer los detalles antes de evaluar la ley, y algunas autonomías socialistas, como Aragón, se han quejado de que no han sido consultadas. Extremadura (PSOE) asegura que no tiene zonas de estrés. Los demás celebraron la ley.

Al involucrar a dos administraciones distintas – Gobierno Autónomo y Ayuntamiento – habrá lugares donde la ley se aplica a medias. Por ejemplo, en municipios gobernados por el PSOE dentro de una comunidad autónoma gobernada por el PP, como muchos municipios de la periferia de Madrid, por ejemplo Leganés o Fuenlabrada. En estos casos, los consistorios pueden aplicar la parte que les corresponda, como el recargo del IBI, pero no el límite de precio, que depende de la comunidad que solicite la declaración de una zona estresada.

El líder del PP considera que esta ley envía un «mensaje de inseguridad jurídica» porque «el gobierno puede interferir en su propiedad privada». “Tienes un departamento que te has salvado toda la vida con una hipoteca porque quieres dejárselo a tus hijos y el gobierno te dice qué precio tiene que tener”, dijo Casado en una entrevista con Telecinco, aunque no es así. tampoco. este es el caso de la nueva regla, que limita los precios solo a los grandes propietarios, es decir, a los que poseen más de 10 casas. Solo anima a las personas a bajar el precio con ventajas fiscales. «Este intervencionismo es suicida», se quejó Pablo Casado, quien cree que el efecto es que «habrá menos pisos para alquilar». El líder opositor no se ha opuesto a las ayudas de 250 euros mensuales que el Gobierno también concederá a los menores de 35 años con rentas inferiores a los 23.725,8 euros, pero sostiene que «él ‘no se trata de aportar ayudas solo, de lo contrario, es un plan para garantizar la seguridad jurídica y para que los jóvenes tengan un trabajo. «Porque si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder al alquiler», explica Casado, aunque las dificultades de acceso al alquiler también las sufren las personas con trabajo.

Con información de Eva saiz (Sevilla), Nacho sanchez (Málaga), Virginie vadillo (Murcia), Juan Navarro (Valladolid) y Mikel Ormazábal (Bilbao).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *