El baño de sangre de la represión policial en Colombia | Opinión

El baño de sangre de la represión policial en Colombia |  Opinión
Un soldado custodia la fiscalía en Popayán, suroeste de Colombia, el 15 de mayo.
Un soldado custodia la fiscalía en Popayán, suroeste de Colombia, el 15 de mayo.Erik Serna / EFE

Desde el 28 de abril, ha estallado una ola de protestas sin precedentes en Colombia. Quizás el punto de comparación más cercano sea 1978, año de la última gran huelga nacional. El país tiene 1.122 municipios, y al 28 de abril se produjeron protestas y manifestaciones en al menos 564 de ellos, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación. A partir de ese momento, las manifestaciones fueron constantes y los jóvenes fueron los protagonistas. Bloqueos, sentadas, marchas y eventos culturales son el denominador común.

El gobierno de Iván Duque no esperaba esto y fue derrocado por completo. Después de unos días de desorientación, la administración de derecha optó por crear cuatro estrategias para desactivar la huelga nacional. Entre ellos, la estrategia principal fue lo que popularmente se llama el modelo de Venezuela o el modelo de Nicolás Maduro. En otras palabras, acabar con las protestas con altos niveles de violencia. Los resultados son terriblemente trágicos: decenas de víctimas.

la Modelo de Venezuela aplicado por el gobierno de Duque tiene tres fases. El primero se basa en la fuerte represión de la protesta social por parte de agentes estatales. Los datos en Colombia son simplemente espantosos. Según la ONG Temblores, hay 41 muertos, 12 agresiones sexuales, 28 personas víctimas de ataques oculares, 129 casos de disparos por parte de la policía y más de mil detenciones arbitrarias. Todo esto fue presuntamente cometido por miembros de la Policía Nacional. En un ejercicio comparativo, los datos son muy altos en Colombia.

Por ejemplo, durante las protestas en Perú fueron asesinados Brian Pintado e Inti Sotelo, por lo que cayó el presidente Manuel Merino, quien duró cinco días en el poder. En Chile, durante todas las protestas que estallaron en 2019, hubo 36 muertos, incluidos seis en enfrentamientos con la policía. En Colombia, 41 jóvenes fueron asesinados en solo dos semanas de protesta. Quizás el caso más aberrante ocurrió hace apenas unas horas, cuando una joven de 17 años fue presuntamente violada por cuatro policías y se suicidó horas después. Esto sucedió en Popayán, en el suroeste del país, lo que provocó que el pueblo estallara de ira.

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La represión fue brutalmente violenta, pero fue solo una fase. El segundo comenzó hace poco más de una semana: comenzaron a fluir mensajes a través de WhatsApp para que los civiles salieran a confrontar y atacar a los manifestantes. Ponga civiles contra civiles para luchar. Esto se vivió principalmente en Cali, cuando los civiles atacaron la minga indígena. Aún no se sabe dónde ni cómo comenzaron estas cadenas, lo cierto es que cuando se produjeron estos enfrentamientos, la policía simplemente desapareció. Ni la primera ni la segunda fase funcionaron. De hecho, el segundo fue un gran fiasco.

La tercera fase de esta estrategia es la judicialización. En la localidad de Popayán, el ministro de Defensa ofreció recompensas por capturar presuntos vándalos. Sin embargo, mencionó los seudónimos de estos presuntos vándalos que coincidían con los seudónimos de los líderes sociales tradicionales de la región. Esta situación provocó la reacción del gobernador del Cauca pidiendo aclaraciones e ignorando esta oferta de recompensas. Para las organizaciones sociales, esta es una persecución iniciada por el gobierno nacional con el objetivo de desbaratar el movimiento social.

Durante años, la represión policial ha sido una constante, pero esta vez las cosas han cambiado. Por un lado, todos los gobiernos acusaron a los manifestantes de estar infiltrados por la guerrilla para deslegitimar y demonizar la protesta social. Esta vez intentaron hacer lo mismo, pero nadie les creyó. De hecho, las mayores protestas se han producido en zonas donde no operan los grupos armados ilegales. Por otro lado, la violencia policial esta vez fue muy grande, sistemática y sobre todo visible. La mayor parte del abuso policial se ha registrado en videos ciudadanos. La crisis de legitimidad es muy grande y la mayoría de los ciudadanos piden una reforma policial en profundidad. Quizás lo esencial sea eliminar la jurisdicción penal militar de un organismo que, en teoría, debería ser civil.

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