El fiscal pidió que los responsables del atentado a Cristina Kirchner vayan a juicio oral

El fiscal Carlos Rívolo pidió el cierre de la instrucción del caso que investigó el intento contra Cristina Kirchner y que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo sean enviados a juicio oral acusados ​​​​de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la premeditación.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no hay elementos que sustenten la idea de un financiamiento político detrás del ataque y criticó el accionar de la custodia de la vicepresidenta.

En diciembre pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti juzgó a Nicolás Gabriel Carrizo como partícipe secundario del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y la premeditación, en grado de tentativa.

Esta resolución se realizó poco después de que la jueza procesara a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, por diseñar y llevar adelante un «plan criminal» para «asesinar a Cristina Fernández de Kirchner».

La pareja quedó procesada por ser co-autores de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa«.

Como no hubo apelaciones sobrias estos dos últimos procesamientos, los mismos quedaron firmes y en condiciones de avanzar hacia la próxima instancia: su elevación a juicio. Sucedió que en el transcurso de estos meses, Cristina pretende separarse de la juventud en algunas ocasiones y hasta tanto no se resuelvan esos planteos, el juzgado no dio por clausurada la investigacion.

Pero la Cámara Federal porteña, que supervisó el trabajo de los jueces federales de instrucción, solicitó que se adelante hacia la próxima instancia, al oír que la instruccion estaba concluida respeto a los responsables del atentado contra el vicepresidente y que además, los tres responsables están detenidos.

En este contexto, se solicitó la opinión del fiscal. En este dictamen de 197 páginas, se analiza toda la prueba reunida, concluyendo que el caso debe elevarse el caso a juicio oral y público.

Al momento de analizar el cuadro de situación, se dio por finalizada la etapa de investigación, la cual se concentró en los muy jóvenes detenidos y procesados, Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. El fiscal escuchó que no hay elementos para atribuir a espacio político el financiamiento del ataque, contradiciendo el planto de la vicepresidenta respecto a que debe investigarse un móvil político en este caso.

«Toda la información analizada, incluida la de la Procuraduría de Lavado de Activos (PROCELAC) da cuenta que los nombrados no recibieron durante los dos años anteriores al intento ninguna suma de dinero que hiera presumir que hubieran sido financiados para llevar adelante un hecho el aquí investigado», se indicó en el requerimiento de elevación de juicio.

En reiteradas ocasiones, la defensa de Cristina insistió en la intencionalidad política del atentado, advirtiendo que se debe investigar «quienes estaban detrás de los atacantes» financiando el atentado. La justicia no encontró ninguna prueba que respalde este criterio.

Al rechazar cualquier financiamiento externo -desde un espacio político opositor- para que se concrete el ataque, el fiscal continuó explicando: «Todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombres realizaron para sobrevivir».

En esa misma línea, Rívolo indicó que toda la prueba incorporó al caso «impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipoPartido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado».

Sin desconocer la «indudable conmoción política que seguirá el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional», remark la taxía, «de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió ningún vínculo de los nombres con ninguna agrupación o persona que an esta altura permitiera sospechar siquiera sobre la posibilidad de que se les hubiera brindado asistencia para el suceso».

En el punteo de las pruebas analizadas en base a las cuales una financiación como también a móvil político en el intento de homicidio, el fiscal añadió que «tampoco se han hallado elementos relevantes en la encrucijada telefónicani en la geolocalización de los dispositivos y, como vimos en detalle, tampoco en sus movimientos financieros».

Por ello se afirma que la actividad desplegada por los Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, «para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios».

El papel de la guardia

Respecto a los hechos bajo investigación, se hizo un particular análisis sobrio de la conducta del custodio de la vicepresidenta.

El operativo de la custodia «tal como fue llevado a cabo y más allá de cuanto objecto objecto de las investigaciones penales (en la causa conexa) y administrativa, no modificar disuadir, advertir ni evitar la actividad delictiva desplegada por Sabag Montiel contra la Vicepresidenta de la Nación”, explicó el fiscal Rívolo.

Las secuencias grabadas por los videos aportados por los testigos también muestran cómo, una vez acaecido el intento de desaparición, «los manifestantes entablan un forcejeo con Sabag Montiel, a quien se lo llega a observar mezclado entre la multitud, utilizando un gorro de color oscuro «.

Recordó el representante del Ministerio Público Fiscal que fueron dos militantes que «aprehendieron (a Sabag Montiel) para ponerlo a disposición del personal policial y resguardaron el arma en el lugar del hecho». No fue la custodia.

La inacción del personal de la Policía Federal abocado al cuidado y protección de Cristina Kirchner posibilitó que Sabag Montiel, «con los aportes de Uliarte y Carrizo -como se analizará a continuación- llevara a cabo su plan delictivo hasta el final, al accionar el gatillo con el arma de fuego, perfectamente apto para producir disparos, con la intencion de dar muerte a la victima, designio que no precisar concretar».