El Juicio Político a la Corte complica el avance de las leyes económicas de Sergio Massa

Juntos por el Cambio ha informado que no se dará quórum para tratar ningún proyecto mientras siga la embestida contra el Máximo Tribunal.

Con la esperanza de que el presidente Alberto Fernández convoque sesiones extraordinarias en el Congreso, la oposición ha agregado que no debatirá ninguna iniciativa del oficialismo mientras el Frente de Todos insista con el Juicio Político a la Corte. La decisión recayó en el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pretende enviar y aprobar un paquete de medidas que generen ingresos de fondos.

«Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos», afirmó en un comunicado de la Mesa Nacional de JxC.

El más afectado es Massa quien tiene un listado de ideas y proyectos en carpeta que necesita aprobación parlamentaria. Uno de los principales es el blanqueo («Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado») con el que apuesta al ingreso de divisiones.

El texto aún no fue presentado en el Congreso, pero desde Economía habían difundido las bases del proyecto pena a quienes se sumen al blanqueo con una tasa del 2,5% al ​​7,5% depende cuánto tiempo tarden en declarar ya cambio recibirn algunos beneficios.

Como saben, existe la intención del Ministro de que el Congreso apruebe una suba de impuestos que le permita fondear el incremento de la coparticipacion para la Ciudad que dispuso la Corte en su fallo. Otra iniciativa que no fue enviada aún, pero se analiza una suba de la alícuota al juego on line y un impuesto a los bancos. La idea es por tanto $200.000 millones adicionales.

Por otra parte, como parte de la adquisición con el FMI, Massa se ha comprometido a devolver la ley Antilavado, con los parámetros exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Como usted sabe, algunas Economías pretenden estimular cosas que promuevan incluso impuestos de beneficio e intercambios para promover la industrialización y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) e Hidrógeno Verde. Y conseguir aprobar la ley de Agroindustria, que sí tiene estado parlamentario pero nunca avanzó en el debate.

Otro anuncio de iniciativa que debería tratarse en el Congreso y que el oficialismo podría incluir en extraordinarias es el proyecto llamado Monotecnología que apunta a que los trabajadores monotributistas del rubro tecnológico pueden facturar y cobrar en moneda extranjera.

Más proyectos de alfombras

Como si pocos, Massa anunció esta semana un nuevo proyecto para reformar el INDEC que planteó ese mar más independiente y descentralizado, que designe a sus autoridades con aguas abajo del Congreso, que amplíe el mandato y que adapte la «producción estadística a las nuevas prácticas internacionales».

A su vez, el tema que tiene media sanción del Senado y quedó pendiente de tratamiento en Diputados es el de la nueva moratorias temporales, una iniciativa de La Cámpora junto con la titular de ANSES, Fernanda Raverta, que apunta a que las personas que no cumplen con los años de aportes suficientes pueden acceder a la júbilo.

En la oposición reconocen que algunos de estos temas, como Agroindustria, estaban siendo conversados ​​con el sector massista para intentar desbloquearlos. Pero los hechos frenaron todo. En una de las últimas sesiones, por ejemplo, el bloque de Evolución Radical estaba dispuesto a acompañar la creación de universidades nacionales, que tampoco acompañarían si se incluyera en este contexto.

«Nada se acompañará porque (el juicio político a la Corte) nos parece prioridad número uno», coincide.

Lo cierto es que el tema del juicio político terminó de caldear el clima en Diputados. La Cámara surge de tres sesiones caídas en menos de un mes. Una de ellas levantó por el escándalo desatado entre las bancadas de JxC y el FdT, en el que los legisladores casi van a las manos.

Toda la tensión tiene que ver con temas ligados a la Justicia. El encontronazo primero se dio en torno a la designación de los consejeros de la Magistratura y después el anuncio del Gobierno de que no cumpliría el fallo de la Corte devolverle los fondos de la coparticipación a la Ciudad. Ahora el juicio que el Gobierno impulsa contra los jueces del Máximo Tribunal.