El laberinto legal de los clubes de cannabis | Negocio

El laberinto legal de los clubes de cannabis |  Negocio
Un club cannábico en Barcelona.
Un club cannábico en Barcelona.Consuelo Bautista

Entrar en un club de fumadores de cannabis es como ir a una tienda especializada. “Tenemos la variedad sativa, con hojas delgadas y alargadas, que produce un efecto más interactivo que la índica. El follaje de este último es más pequeño y más ancho y genera un resultado relajante ”, explica el gerente de un establecimiento en el centro de Madrid.

Estas organizaciones se encuentran dispersas por la geografía nacional y su funcionamiento es generalmente el mismo. Para acceder a él, debes ser mayor de edad, estar en pleno uso de tus facultades mentales y contar con la aprobación de un miembro, ya que la regla básica es que la marihuana no se distribuye a terceros fuera del hogar. Como norma general, conviene permanecer en el recinto durante unos 15 minutos para evitar el tráfico de personas en los alrededores. Y la actividad no se limita al uso terapéutico del cannabis, sino también a la práctica lúdica.

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Sin embargo, el objeto de estas asociaciones se encuentra en una situación jurídica controvertida. El artículo 368 del Código Penal sanciona a quienes “realicen actos de cultivo, procesamiento o tráfico, o de cualquier otra forma promuevan, promuevan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. En el mismo sentido, el artículo 36 de la ley de seguridad de los ciudadanos, comúnmente llamado ley mordaza, percibe como falta administrativa grave su «consumo o posesión ilegal, aunque no estén destinados a la circulación, en lugares, carreteras, establecimientos públicos o transporte público».

A partir de ahora, «todo lo que es ilegal no es delito» y existen comportamientos atípicos que no se encuadran en la ley, explica Francisco J. Cabrera, abogado. De consejo del despacho de abogados Martín Molina. Por ejemplo, el consumo individual de cannabis no es punible y cuando se realiza en espacios confinados disminuye la posibilidad de una sanción administrativa. Además, el cultivo tampoco es criminal si la marihuana es para autoconsumo. En otras palabras, lo legalmente relevante es que la salud pública no sea violada por prácticas prohibidas como el narcotráfico.

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La Corte Suprema ha establecido diferentes criterios para determinar cuándo se excluye la acusación penal. En términos generales, “los consumidores deben ser todos adictos; el consumo debe tener lugar en el interior; la cantidad debe ser reducida o suficiente para una sola reunión; la comunidad debe estar formada por un número reducido de personas y los consumidores deben estar identificados específicamente ”, enumera el abogado.

Así, por ejemplo, en sentencia de junio de 2016, el tribunal de grande instance sostuvo que la inscripción y la inscripción en una asociación ordenada por un juzgado de Barcelona a petición de la policía, con incautación de las dosis individuales de los socios, no Cumplir con la Ley porque se ha comprobado que “el objetivo de la asociación es crear un centro de encuentro para las personas que consumen cáñamo” con el fin de “generar un consumo responsable, buscando una alternativa al mercado negro, en cumplimiento de la legislación en fuerza «.

Guiomar Redondo, responsable del departamento jurídico de Proluco Abogados & Economistas, explica que «es necesario analizar la legalidad o no caso por caso» de estas asociaciones. “Los tribunales combinan varios aspectos, incluso si los montos incautados son generalmente determinantes. La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) recomienda que la dosis máxima a distribuir a cada miembro sea de «tres gramos por día», distribuyéndola en pequeñas cantidades para evitar desvíos a terceros. En cuanto a la cultura, «para que no se generen conductas punibles, la cantidad producida debe cumplir con los límites cuantitativos de consumo indicados» para cada integrante, especifica el abogado.

Vacío regulatorio

A pesar de la interpretación de los tribunales, existe un «vacío legal» a nivel estatal con respecto a la regulación de los clubes de cannabis, explica Redondo. Aunque distintas comunidades han intentado legislar al respecto, como Navarra o Cataluña, el Tribunal Constitucional anuló posteriormente sus leyes autonómicas. Y esto porque se basaron en un caso con incidencia en el ámbito penal, porque se trataba de una droga ilícita y, por tanto, reservada al Estado. En el caso del País Vasco, el máximo intérprete de la Constitución convalidó su ley de atención a las drogodependencias, pero porque no regula la recogida, adquisición o distribución de marihuana en este tipo de centros, sino que se limita a establecer que tienen para colaborar con la Administración Sanitaria.

Así, las comunidades «no pueden por sí solas declarar la legalidad» de estas asociaciones porque violarían el artículo 149.1.6 de la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado, especifica Jon Andoni Bengoetxea, abogado del despacho Bengoetxea & Asociados. Y tampoco los municipios, según ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En una decisión reciente, revocó la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que pretendía regular estas zonas de fumadores mediante distancias mínimas entre ellas, sistemas de doble puerta o extractores.

Por lo tanto, y en ausencia de una «norma específica» estatal, los clubes de cáñamo se establecen bajo la Ley de Asociaciones, que también sirve como punto de partida para partidos políticos, sindicatos o confesiones religiosas, aunque estas entidades cuentan con su propia legislación de desarrollo. «Las asociaciones de cannabis no son ilegales ni legales para ellos», dijo el abogado. “Lo que hay que analizar es su conducta específica” para determinar si vulneran el derecho legal amparado por el Código Penal, que es la salud pública.