El PP bloquea la renovación del Tribunal de Cuentas en un momento clave | España

El PP bloquea la renovación del Tribunal de Cuentas en un momento clave |  España
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, durante una comparecencia en mayo.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, durante una comparecencia en mayo.JJ Guillén / EFE

El pasado jueves, durante su último Pleno, varios consejeros del Tribunal de Cuentas interrogaron a su presidenta, María José de la Fuente, sobre la renovación del órgano de control, cuyo mandato de nueve años finaliza el 17 de julio. Y el mandatario admitió que «no sabía nada», según fuentes judiciales. De la Fuente envió una carta en abril a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, solicitando reparación oportuna para los 12 asesores judiciales, pero no ha recibido respuesta.

Batet planteó el dilema a los grupos, pero fue en vano. El PP se niega a negociar esta renovación ahora, tras la concesión de indultos a los dirigentes separatistas y en vísperas de conocer la sanción de 5,4 millones de euros que el juzgado impondrá a 40 ex altos cargos de la Generalitat.

La gente se niega a negociar con el Gobierno y el PSOE porque, como ocurre en el Consejo General de la Judicatura, también tienen mayoría absoluta en este organismo (7 de los 12 asesores fueron propuestos por el PP) y no la quieren. perder.

La disputa entre el Gobierno y el PP por los indultos de nueve líderes independentistas catalanes se desarrolla en todos los frentes. Y esta semana le toca el turno al Tribunal de Cuentas, órgano de control de los establecimientos públicos.

El juzgado debe resolver este martes el caso abierto a la responsabilidad contable de los cargos de la Generalitat de Catalunya entre 2011 y 2017 por la malversación de fondos públicos para la promoción externa del proceso independentista. El informe abarca la gestión del organismo público Diplocat y de varias consejerías, y afecta a casi 40 ex altos cargos de la Generalitat, desde los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Raül Romeva, Entre otros.

El expediente de sanción de 500 páginas que se debatirá en el Tribunal de Cuentas el martes subraya que se podrían destinar más de 5,4 millones de euros a esta tarea de buscar apoyo internacional para el proyecto independentista. Ese mismo día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en La Moncloa en un encuentro bilateral al nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para retomar una relación institucional y política perdida durante los últimos 10 años de independencia a la deriva. .

El gobierno de coalición central se enfrenta así a un momento crítico en la legislatura, tras una semana difícil por la concesión de indultos a los líderes separatistas catalanes. El presidente Sánchez ha aumentado su asistencia estos días para explicar lo que denominó «la agenda del reencuentro», con constantes llamamientos al «perdón», «la armonía y la convivencia» para justificar estas medidas de gracia basadas en la utilidad pública.

Los indultos fueron aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros, a pesar de los informes contra el propio Tribunal Supremo, que es el que dictó las sentencias, y la Fiscalía. A pesar de estos escollos, el Ejecutivo debatió durante horas su propuesta de solución más política que jurídica al conflicto catalán. Esta estrategia se solapa ahora con la aprobación del expediente sancionador del Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos de la Generalitat.

El miércoles, en el Congreso, los portavoces de ERC Gabriel Rufián y Junts Míriam Nogueras pidieron al Gobierno «más pasos adelante» y «valentía» en el proceso de apaciguamiento de la crisis catalana y denunciaron directamente las decisiones del Tribunal de Cuentas. Rufián llegó a descalificar el tribunal por su composición, que atribuye a ciertas sagas familiares conservadoras (Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, es uno de los asesores del PP), y exigió una renovación de su sistema electoral.

Fuentes de ERC indicaron posteriormente que estas propuestas ya habían sido «enviadas al PSOE» y que este partido había tomado nota de ellas. Pero aclararon que sus ideas son solo «propuestas» y «no presiones».

El viernes, el consejero de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se refirió a estas denuncias en una entrevista con Cadena SER en Cataluña: “Estas causas siguen siendo piedras en este camino, pero sabíamos que eran las. Depende de nosotros descubrir este camino en la ley. Es la única forma. Por supuesto, es más difícil rastrear qué estaba mal ”.

El viernes, el presidente catalán, Pere Aragonès, respondió a la tesis del ministro y le ordenó descubrir los baches de este camino del reencuentro. “El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esta situación de injusticia, debemos utilizar los mecanismos que todos tenemos a nuestra disposición para evitar la situación. Cada partido sabe lo que está en su poder para derrocar la represión. Te animamos a que lo hagas ”, dijo Aragonès.

En este contexto de tensión, el pasado jueves se celebró el último Pleno del Tribunal de Cuentas. Posteriormente, varios asesores interrogaron a la presidenta sobre su situación y sobre la inminente renovación de los 12 asesores designados por los partidos políticos (seis en el Congreso y seis en el Senado), según lo previsto en la Constitución. De la Fuente tuvo que admitir que no había recibido respuesta del presidente del Congreso, a quien escribió el 22 de marzo. Posteriormente, los concejales optaron por reunirse nuevamente para la próxima sesión plenaria el jueves 22 de julio, con una extensión de su mandato.

La solicitud del Tribunal de Cuentas al Congreso para su próxima renovación fue enviada por el Consejo de la Cámara el 6 de abril. Batet remitió esta solicitud a los distintos grupos y no encontró ninguna solución.

En este momento, también sucedió que el PSOE y el PP rompieron sus negociaciones que llevaban meses en curso para la renovación del Consejo General de la Judicatura y otros órganos constitucionales, que también llevaban más de dos años y medio. Los únicos contactos que aún están en curso, y que pese a las múltiples dificultades podrían cerrarse el lunes, son los de ultimar la nueva estructura de gestión de RTVE, pero en este caso las conversaciones que siguen vigentes desde la cúspide del PP son con el nuevo presidente del establecimiento público.

Desde la dirección parlamentaria del PP, se confirma que todas estas negociaciones no se reactivaron tras las elecciones del 4-M de Madrid y que además, ahora se consideran aún más imprácticas tras la concesión de los indultos. El PP se niega, en este sentido, de ahora en adelante a abrir cualquier puerta para discutir tanto sobre el Poder Judicial como sobre el propio Tribunal de Cuentas. El bloqueo que mantienen en los principales órganos institucionales se argumenta ahora con una frase: «El ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que no se debe confiar en él».

El casting político

Fuentes del Tribunal de Cuentas precisan, además, que el PP no se ha interesado desde hace años en discutir un cambio en la composición de los 12 consejeros de origen político de este organismo porque se ha beneficiado durante años de ‘una amplia y cómoda mayoría absoluta . . . . Los 12 consejeros políticos actuales se decidieron en 2012 con un reparto que entonces favoreció claramente a los populares: siete consejeros fueron nombrados por el PP y cinco por el PSOE. El sector socialista también perdió en 2018 a uno de sus asesores promovidos del Senado, Lluis Armet, quien renunció y hasta la fecha aún no ha sido reemplazado, por lo que ahora solo retienen cuatro asesores de su ámbito ideológico.

En el PSOE entienden, como ocurre en el Consejo General del Poder Judicial, que esta distribución es obsoleta y que ya no corresponde a lo que ratificaron los españoles durante las elecciones de noviembre de 2019 y del que emanaba el actual gobierno de un coalición socialista con United We Can. Fuentes socialistas subrayan así que la composición de los nuevos asesores judiciales debería ser todo lo contrario, es decir, con siete candidatos del Ejecutivo Progresista (con aportaciones por primera vez de Podemos y también posiblemente de partidos nacionalistas) y cinco para los conservadores. Esta transacción no será fácil.

El líder del PP, Pablo Casado, y varios miembros de su equipo acusaron al gobierno de Sánchez de ceder a estas demandas de independencia del Tribunal de Cuentas y de promover “ataques a las instituciones estatales”. El popular exigirá explicaciones al ministro Ábalos sobre sus intervenciones en el Congreso.