El sector agrario acusa contra una única política agrícola común verde | Economía

El sector agrario acusa contra una única política agrícola común verde |  Economía
Las principales asociaciones agrarias en protesta contra la PAC el pasado mes de marzo.Juan Carlos Toro

Las organizaciones de agricultores, a excepción de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), recibieron con recelo y preocupación el acuerdo alcanzado por los ministros de agricultura europeos sobre la nueva reforma de la política agrícola común (PAC), que comenzará a aplicarse a partir de 2023. y que para España representa un importe de 47.724 millones de euros, alrededor de 5.000 millones anuales para pagos directos y 1.500 millones adicionales para desarrollo rural. Oficialmente, esta es una cifra similar a la recibida en el período anterior, pero la industria estima que representa un ajuste del 10% por efecto de la inflación y otras medidas.

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Sin embargo, la principal crítica de las organizaciones es la distribución sectorial de los fondos: el 40% se destinará a políticas verdes, que incluirán los denominados eco-esquemas. Estos fondos verdes, que representarán una cuarta parte del presupuesto, precisan las asociaciones agrarias, incluyen nuevos requisitos ambientales que conducirán a mayores costos de producción por una menor oferta, así como a la pérdida de competitividad frente a las importaciones extracomunitarias, con menos . de los requisitos laborales, el medio ambiente y la seguridad alimentaria.

El sector teme que esto se traduzca en una menor rentabilidad, el cierre de pequeñas y medianas explotaciones y una menor autosuficiencia alimentaria para la Unión Europea. Critican el hecho de que no se ha avanzado más en el restablecimiento de ciertos mecanismos de regulación del mercado. «Con números rojos», coinciden los medios sindicales, «no podemos ser verdes».

Mientras espera las negociaciones

En este escenario, las organizaciones agrarias subrayan la necesidad de esperar a que se apliquen las negociaciones en España, basadas en el desarrollo del plan estratégico donde la redistribución de fondos y la aplicación de políticas de convergencia de ayudas – cobrando lo mismo por la misma actividad – estas son piezas clave.

El secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, elabora una valoración global positiva de la PAC porque incluye puntos importantes defendidos por la organización, como la redistribución del 10% de los fondos de pago básico entre pequeñas y medianas explotaciones, el techo de ayudas dentro de 100.000 euros por beneficiario y su ajuste. También el aumento al 3% de los fondos para la incorporación de jóvenes al sector.

Las posiciones más duras provienen de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), donde su secretario general, Miguel Blanco, considera que la condicionalidad ambiental, algo que también defiende la organización, no puede poner en peligro la sostenibilidad. “Los agricultores no queremos ser los jardineros de la UE”, dice Blanco. El COAG estima que los mayores requerimientos derivados de la política verde, que cubre el 40% de los fondos, así como la reducción en el uso de fertilizantes, productos fitosanitarios o de salud animal, resultarán en una menor oferta con mayores costos. productores. . , lo que se traducirá en una posición menos competitiva frente a las importaciones.

En resumen, es un buen augurio para el cierre de pequeñas y medianas explotaciones. Un paso más para “uberizar” (en referencia a la empresa de vehículos autónomos) la actividad.

La autosuficiencia alimentaria en peligro

COAG también advierte que la autosuficiencia alimentaria de la UE está amenazada en un momento clave para evitar los riesgos de una escasez mundial de alimentos. La organización considera que el límite máximo de 100,00 € de ayuda por peticionario es una cifra muy elevada y denuncia el descafeinado de las condiciones de los agricultores reales como beneficiarios prioritarios de las ayudas.

La Union des Syndicates considera que el acuerdo sobre la futura PAC equivale a socavar la rentabilidad de los cultivos comunitarios y la agricultura debido al fortalecimiento excesivo de las políticas verdes, que asignan el 25% de los fondos a planes ecológicos y el 35% del fondo del segundo pilar, rural. desarrollo, también con fines ambientales. La organización coincide en sus denuncias contra las importaciones por competencia desleal en este escenario verde contra las producciones comunitarias y lamenta que no se haya avanzado en la recuperación de ciertos mecanismos de regulación del mercado, cuyo desmantelamiento debió realizarse en los últimos años.

En Asaja y sus organismos territoriales se denuncia que la ambición ambiental comunitaria que “todos” en el sector pueden “compartir” no se complementa con mayores fondos, lo que afecta la actividad de los profesionales. Por eso abogan por un Plan Estratégico Nacional que recoja la situación real y las necesidades del sector, apoyando su viabilidad.

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