El tenso derribo de una presa en Teruel | Ecología | Clima y medio ambiente

El tenso derribo de una presa en Teruel |  Ecología |  Clima y medio ambiente

Cuando en 2017 se anunció que finalizaba la concesión pública de la presa de Los Toranes (sobre el río Mijares, en Teruel) a Iberdrola para su uso hidroeléctrico, muchos vecinos no le otorgaron mayor importancia. La fábrica llevaba allí toda su vida, desde 1943, y no pensaban que el resultado pudiera ser un derribo, explica José Martínez, alcalde socialista de Olba, uno de los municipios afectados, y partidario del mantenimiento de la presa. Pero así lo decidió la Consejería de Transición Ecológica el pasado mes de noviembre con informes sobre la mesa como el de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que sostiene que su mantenimiento es «contrario al interés público, a las exigencias medioambientales e hidrológicas». plan ”y su rentabilidad“ cuestionable ”.

La intensa polémica que ha surgido entre partidarios y detractores del derribo da una visión de los problemas que genera la eliminación de este tipo de infraestructuras, un paso considerado imprescindible para recuperar el buen estado ecológico de los ríos tal y como señalan las directivas europeas. Incluso en regiones como esta, escasamente pobladas y sin grandes áreas de regadío, la oposición es feroz. La Asociación Ríos con Vida (AEMS) concreta que las barreras artificiales producen cambios físicoquímicos y rompen el curso ecológico de los ríos, alterando los flujos naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acuáticos como los peces, sobre todo en el escenario actual de cambio climático. «Esta presa ni siquiera tiene paso para peces», critica César Rodríguez, vicepresidente de la asociación.

De momento, el derribo está parado a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva el recurso presentado por Iberdrola, que está de acuerdo con la entrega de la presa porque la concesión está terminada, pero rechaza que el derribo sea a su cargo. .

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“Consideramos que es una instalación rentable y si se mira la situación ambiental general, con el ecosistema que se ha ido creando a lo largo de los años, es más sostenible mantenerlo”, explica el alcalde de ‘Olba (226 habitantes). La presa también es importante en caso de incendio, para riego y para turismo, agrega. Martínez acusa a los ecologistas: «Me estoy divirtiendo, no ven el territorio como un todo, hay que pensar en la economía, en el mantenimiento de la población».

Olba est la commune la plus touchée par la disparition des aménagements du fait que certains voisins utilisent le débit du canal de la centrale hydroélectrique pour irriguer plusieurs jardins familiaux, puisqu’en 1993 un effondrement du canal du Diablo empêchait de puiser l’eau directement dans el rio . Los municipios de Albentosa y San Agustín también se han declarado en contra del derribo. Y el gobierno de Aragón intentó frenar el derribo iniciando un caso en mayo de este año para declarar las instalaciones de interés cultural. El intento fracasó porque los poderes del Estado fueron invadidos, según recordó la CHJ.

Por otro lado, hay personas como David Hammerstein, miembro de la plataforma El Mijares no se Touche de Ecologistas en Acción. Vive en el pueblo y cree que los temas políticos son mixtos y que este enfrentamiento no debería haber tenido lugar. “Hay soluciones técnicas para seguir regando los huertos”, dice ante las inquietudes del resto de vecinos. «Lo importante es que si se derriba la presa, se liberarán siete kilómetros río arriba que se volverán a conectar y esto afectará positivamente a 30 kilómetros adicionales de afluentes importantes», dijo. Hammerstein agrega que la zona podría convertirse en una reserva natural fluvial muy atractiva para el turismo activo y natural que generaría empleo, en lugar de «aquellas plantas que no emplean a nadie en el medio ambiente». La zona donde se ubica parte de las instalaciones de la central está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estrecho del río Mijares y Red Natura 2000 (Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad).

Respecto al recurso interpuesto por Iberdrola, Hammerstein sostiene que lo que pide la empresa es no pagar el precio del derribo. Algo a lo que Iberdrola no puede oponerse, porque así consta en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, comenta Pedro Brufau, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura y experto en legislación del agua.

«La decisión ha sido tomada»

Javier Marín, vicepresidente de la asociación Mijares Vivo, favorable al mantenimiento de la instalación, precisa que no se trata de «ecologistas contra no ecologistas, porque yo también soy ecologista». Marín cree que el río está sano y que el derribo tendrá un impacto ambiental muy importante. Culpa al gobierno central por la forma en que se manejó el proceso, porque si bien conversaron con ellos y pudieron presentar denuncias «la decisión ya estaba tomada y nuestra posición no fue tomada en cuenta». Se tomó la determinación de tirar de la barrera “frente a las políticas ambientales de la Unión Europea. Debieron haber pensado: “Vamos a demoler esta instalación, cuatro de ellos se van a manifestar.

Marín cree que hubiera sido apropiado que el estado se hiciera cargo de la presa y que la planta siguiera operando. “Porque es rentable a pesar de lo que se diga y estas ganancias podrían tener un impacto en la mejora de la cadena”, dice. En cuanto a la escasez de peces, asegura que la caída se ha producido desde 2009 y 2010, por lo que no se puede atribuir a la presa, que ya llevaba muchos años construida.

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