Fiscal Gertz maniobra para ingresar al Sistema Nacional de Investigaciones tras 11 años de rechazo

Fiscal Gertz maniobra para ingresar al Sistema Nacional de Investigaciones tras 11 años de rechazo
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, en conferencia en mayo de 2019.Galo Cañas / CUARTOSCURO

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) luego de ser destituido durante 11 años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) había negado en cinco ocasiones la admisión de Gertz por «insuficiente producción científica». Una comisión creada exclusivamente para su caso le otorgó acceso al grado III en abril, el nivel más alto que puede alcanzar un investigador nacional sin ser emérito. La noticia ha provocado críticas dentro de la industria que describen la entrada como «escandalosa» y la vinculan a una decisión política.

En un momento delicado en las relaciones entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las instituciones científicas, especialmente tras la extinción de los fideicomisos, el proceso de ingreso de Gertz al SNI está empañado por dudas. “El hecho de que el fiscal sea el SNI III es una profunda señal de que las reglas se relajan a la hora de darle a alguien del círculo inmediato lo que quiere”, explica la investigadora del CIDE Ximena Medellín. Este doctor en derecho, que forma parte del SNI en la categoría Candidato-Investigador, considera que la admisión de Gertz es un «duro golpe» para la institución: «Supone una banalización del Sistema Nacional de Investigadores para todos los que cree tanto en él. . . El SNI es un referente, un orgullo ”.

La historia de Gertz con esta institución, que reconoce a los investigadores más prolíficos del país, comienza cuando el fiscal solicitó su ingreso en 2010. El Conacyt le negó dos veces el acceso y luego el funcionario emprendió acciones legales. Durante un proceso judicial que durará años, dos jueces declararon nulos las resoluciones del Conacyt, quien se ve obligado a emitir nuevas decisiones en 2013, 2014 y 2015. Todos ellos niegan la admisión de Gertz. Este último lo toma el Consejo de Aprobación del SNI.

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En esta «decisión final», el consejo subraya que «la producción presentada por el Dr. Alejandro Gertz Manero es de calidad limitada en la investigación sobre la práctica científica», porque las fuentes de investigación son limitadas e incompletas y faltan «elementos mínimos de documentación técnica Además, el Conacyt considera que Gertz no tiene un eje de investigación definido, no tiene el número de publicaciones originales requeridas para ingresar al SNI y que “no ejerce de manera regular y sistemática actividades de investigación”. Además, “su trabajo sí no corresponde a la creación de nuevos conocimientos, no tiene metodología ni aparato crítico, sino que solo constituye la opinión del autor ”, según el diario. Animal político, quien obtuvo el expediente interno del caso.

A raíz de esta resolución, Gertz presentó una denuncia en 2015 por trato discriminatorio ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), dependiente del Ministerio del Interior. Luego de cinco años de silencio, Conapred concluye el 28 de agosto de 2020 que ha existido un “trato diferencial” hacia la Fiscalía y ordena una nueva valoración de fondo.

En base a esta resolución -que no es consultable- la actual directora del Conacyt, Elena lvarez-Buylla, declara del proceso que atravesó Gertz: “Se ha detectado un ejercicio arbitrario de las funciones de evaluación, así como sesgo y falta objetividad por parte de los evaluadores ”. Álvarez-Buylla decide entonces formar una Comisión Especial de Jueces que se ocupará exclusivamente del caso Gertz. Este tipo de comités ad hoc no es una práctica prevista en la normativa durante los 37 años de funcionamiento del SNI. «No existe tal figura, lo establecieron para este caso», explica Medellín.

El 15 de abril de este año, los tres integrantes de la comisión decidieron que el fiscal ingresara al Sistema Nacional de Investigadores «por su labor y su importancia nacional e internacional». Presidida por Ernesto Villanueva -que es el único signatario del dictamen- la comisión considera que todas las decisiones anteriores del Conacyt habían sido tomadas con parcialidad. Y que, en base al principio pro persona de la Constitución, se debe aplicar la interpretación judicial que más beneficie al lesionado. Así, deciden otorgarle a Gertz el diploma más alto como investigador nacional, sin pasar por las etapas regulares de Candidato, grados I y II. Es este nivel otorgado al fiscal el que más indignación ha suscitado entre los investigadores. “El SNI III es el reconocimiento a una vida dedicada a la academia. No es alguien que logra publicar ahí o allá, es un compromiso y un proyecto de vida ”, explica Ximena Medellín.

Al llegar a esta conclusión, y según el dictamen al que ha tenido acceso esta revista, la Comisión valora que Gertz tenga tres grados de Doctor en Derecho y que «tenga cinco libros como autor único, dos capítulos de libro y seis artículos científicos». El dictamen dedica mucho espacio al argumento de que, en el caso del fiscal, no se considera imprescindible haber supervisado una tesis, como recomienda la normativa del Sistema Nacional de Investigadores. En las evaluaciones regulares del SNI, una persona no es admitida en el grado III porque no tiene suficientes tesis doctorales supervisadas. El fiscal nunca lo ordenó.

El abogado de 81 años, que ha trabajado con todos los partidos políticos del país, se ha convertido en una figura de primera línea en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lo considera «incorruptible». Sin embargo, este hecho alimenta las críticas a un fiscal acusado de discreción en determinados procesos judiciales. Una investigación de EL PAÍS reveló a finales de marzo la disputa que tiene el funcionario con sus suegros tras la muerte de su hermano hace seis años. Lo acusan de haberles pedido 3,5 millones de pesos para liberar a Alejandra Cuevas, hija del compañero de Federico Gertz, acusada por la Fiscalía de su asesinato.

Este último episodio del SNI es interpretado por los investigadores como una gota más en un panorama ya muy difícil para las instituciones científicas mexicanas. Para la abogada Ximena Medellín: «Es otra forma de corrupción, no es robar dinero, es abusar de tu puesto para manipular todo el sistema».

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