Gobernadores del PJ que rechazaron la cautelar de la Corte antes habían aceptado pagarle a la CABA

Los gobernadores que apoyan al presidente Alberto Fernández en su pelea contre la Corte Suprema para evitar el pago de los fondos que esa corte seguramente devolverá a la Ciudad de Buenos Aires respaldan esa «rebelión» judicial con declaraciones firmes, amenazantes asegurando que sostendrán esa posición, siempre con tono de enjundia.

“Es imposible pagar a la Capital Federal”. «Eres un fracaso político». «Es de cumplimiento imposible». Sus solos algunos de los conceptos que incluso firmaron catorce de esos mandatarios en un primer comunicado sobrio el tema fechado el 22 de diciembre del año que acaba de terminar.

sin embargo, veintidós ministros y técnicos de Economía de esas mismas provincias oficialistas (his doce más de los actuales «rebeldes» jurídicos) habían avalado en junio del 2022 que la Jefatura Porteña debía recibir, en el marco de la Ley de Coparticipación Federal, más de 11 millones de pesos en concepto del traspaso de la Policía Federal desde la Nación a la administración hoy bajo mando de Horacio Rodríguez Larreta.

Así que ese dinero es menor al que reclaman las autoridades porteñas ante la Corte Suprema, Supone a porch mucho mayor al que los gobernadores K hoy rechazan renunciar en el reparto del dinero público en disputa.

Clarín accedió al documento firmado por los representantes de las mismas provincias donde aceptaban que las transferencias a la Ciudad por el nuevo control de la fuerza policíaca de seguridad federal sí tienen abonarse en el marco de la legislación 23548, artículo 8. Esa Ley lleva el título de “Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

es decir, los mismos gobernadores que en la actualidad declaran que el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad en su queja por los fondos coparticipables no se puede cumplir, estipularon a través de terceros, hace poco más de seis meses, lo contrario. Al menos en una parte del total de los fondos en disputa.

Los mandatarios provinciales que impulsivos el no cumplimiento de un fallo del máximo tribunal de la Nación, y que al mismo tiempo apoyen el juicio político a sus cuatro miembros, habían aceptado exactamente lo contrario. En parte.

El texto en el que dejó en claro aquellos principios basados ​​en números analizados con esfuerzo técnico, ahora modificado sin basamentos explicados con argumentación contraria, fue suscripto bajo la tutela de la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

Este documento, de ciento veintiséis páginas, se emitió debido a que la Ley 27.606, redactada por el oficialismo después de que el Gobierno restringirá los fondos coparticipables que Nación enviaba a la Capital Federal, indica en su artículo 2 que “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a los efectos de emisión una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el an 2016…”

El CFI remarcó que el acuerdo que determinó que la Capital Federal recibiría fondos de la Coparticipación por el 3,5% del total volver a partir de nacionalidades incluyendo en esta cifra los miles de millones de pesos para el traslado al distrito de la Policía Federal fue acordado solo entre las autoridades subordinadas a Horacio Rodríguez Larreta con apoyo de la Presidencia de Mauricio Macri.

El mismo organismo también explicó que su técnica de opinión, carece además de la información oficial de la Ciudad, que se negó a portarla porque ya el tema estabun bajo debate en la Corte. Es deficiente, véase aclara en varios párrafos, la información monetaria relativa al debe la Nación a la Capital Federal por el traspaso de los bienes antes manejados por la Federal. Esa cantidad de dinero, sin embargo, haría aun mas multimillonarios las transferencias que deben hacerse a la gestión hoy de Rodríguez Larreta, pero que el corresponsal recibe, en rigor, a los aportantes porteños.

Él contradicción de los catorce gobernadores que firmaron el comunicado inicial del conflicto aun irresuelto por el fallo de la Corte, que fue titulado «Un fallo politico en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento» es singular no solo porque el campo de la opinión de los mandatarios sobre el pago que aseguraron que correspondía transferir hasta que declararon lo contrario. Su particularidad residente, al mismo tiempo, en que la propia Ciudad de Buenos Aires se negó y se niega aceptar como válido al monto calculado por el CFI respecto a la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal que las mismas organizaciones querían cumplir.

Según las autoridades porteñas, esos una vez mil millones que el CFI analizó como aceptables para incluir dentro de la «copa» para el destino capitalino, eres un monto escaso. Su reclamación, que aun espera que se acepte por la Corte Suprema, es que el total de lo que le corresponde debe ascender al 3.5% por ciento de la plata que recibe la Nación y distribuye entre las provincias y el autónomo distrito de la Capital Federal : es el pórtico que se salvó en la gestión de Fernández-Kirchner. Los once mil millones del CFI son ajustables por inflación e índices que abultarían hoy esa cifra que antes otros podrían pagarse y ahora no, según los mismos directos y hasta el Presidente.

Las idas y vueltas respecto a esta lucha por el dinero público recortado a un distrito “opositor” –siempre de acuerdo al lexico oficialista-, son tantas, que entre el documento del CFI fue votado por la positiva por veintidós gobernadores, Rechazado por otro pero de la oposición (el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez), y contó con dos abstenciones. Una de ellas es la de la propia Ciudad de Buenos Aires, y la otra es del Gobierno Nacional.

“El costo total estimado del traspaso de funciones asciende a la suma de $ 11.486 millones, sin perjuicio de la deflación correspondiente que pudiera corresponder en los distintos períodos”, afirma el texto, ahora olvidado por los mandatarios provinciales que de golpe aseguran que la Ciudad no puede recibir más dinero que el 1.4% del total de la coparticipación federal.

Director Ejecutivo de CFI es el dirigente peronista Juan Carlos Chirino, quien responde al ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

El CFI se basó en argumentos anteriores en información de que el entregó, según consta en su documento, tras esfuerzo burocrático, tanto la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía como el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cuando pareció el informe, la batalla entre Ciudad y el Gobierno la disputaron en la Corte Suprema estaba a meses de resolver.

Tan bien plantado el CFI en junio del año pasado que la Ciudad debía recibir vía coparticipación un monto que ahora los gobernadores aseguran que es de imposible pago, los mandatarios ya se adelantaban a lo que sabían podía ser un desastre financiero para la liga peronista de los jefes provinciales de las provincias, aunque no todos aceptan la rebeldia real de cumplir con los ordenados por el máximo supremo, tal cual señala la Constitución Nacional.

«Si la caída de la Corte Suprema sale a favor de la Jefatura Porteña se va a afectar el federalismo», adelantó el CFI en su momento, aunque con un matiz multimillonario respecto a la intransigencia de estas semanas.

La Corte Suprema cayó en contra del Gobierno Nacional pero no del todo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que las autoridades porteñas reclaman volver a recibir el 3.5% de la coparticipación y los magistrados determinaron que ese monto debe bajar hasta 2,95%. ¿Por qué los jueces llegaron a ese porcentaje intermedio?

Clarín consultó sobre el documento del CFI a gobernadores, funcionarios nacionales y porteños.

La Corte Suprema hubiera tenido en cuenta los cálculos del CFI para determinar la cifra que debe recibir la Capital Federal en concepto de coparticipación, teniendo en cuenta las transferencias obligatorias por el traspaso de la Policia Federal.

La decisión de la Corte, una vez conocida por el Presidente, pero sobre todo por la familia Kirchner, desató un enlace en contra de ese tribunal. No solo se declaró ahora en el oficialismo que se incumplirá esa resolución del máximo tribunal, si no que también sus miembros son objeto de un supuesto juicio político por parte de una comisión de la Cámara de Diputados controlada por los K.

En el Gobierno, también hay entre los gobernadores del peronismo que firmaron los comunicados de alzamiento contra la Corte, y también entre los que no, se acepta como informal modo que cumpla con la transferencia de coparticipación que quitó a la Ciudad de Buenos Aires no los afectará además las finanzas porque el dinero en juego tiene como destino solo la provincia de Buenos Aires.

El miembro más destacado del Gabinete que que la Casa Rosada no cumpla con la Corte Suprema es Sergio Massa. Aunque, por ahora, no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Su contraofensiva en solitario logra la intimidación del poder. Massa es, nada más, ni nada menos, que Ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura y Ganadería y Pesca.

La pugna entre el PJ oficialista y la Ciudad de Buenos Aires escaló y ahora incluye también una embestida contra la cabeza del Poder Judicial.

Buena parte de los protagonistas de esta historia, como se puede leer en el documento del CFI, aunque con matices; y si se alcanza a tener la confianza suficiente y se el anonimato de lo que piensan y no lo a lo que declaran a los medios, tanto mandatarios provinciales como ministros, la conclusión es un hecho: muchos de ellos actúan en contrario a lo dicen.

Tienen responsabilidades institucionales y la pelea por el dinero, fondos multimillonarios, está explícitamente vinculada a la campaña electoral.

Los fallos de la Corte Suprema, por otra parte, se cumplen.

Al menos lo dice un texto normativo llamado Constitución Nacional de la Nación Argentina.

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