Gobierno y trabajadores sociales llegan a un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones | Economía

Gobierno y trabajadores sociales llegan a un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones |  Economía
El Colectivo de Jubilados de Santurtzi, Barakaldo y Bilbao, el 15 de junio durante una manifestación.
El Colectivo de Jubilados de Santurtzi, Barakaldo y Bilbao, el 15 de junio durante una manifestación.Miguel Toña / EFE

La primera parte de la reforma de las pensiones ya está definida y pactada. Las negociaciones entre gobierno, empresarios y sindicatos estaban muy avanzadas en la reunión programada para el lunes, y en ella se terminaron de resolver algunos aspectos técnicos pendientes y se llegó a un acuerdo que satisface a todas las partes. José Luis Escrivá, consejero de Seguridad Social, había abierto aún más el camino al asegurar este lunes durante un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía -realizado unas horas antes de la reunión- que consideró «razonable» pensar que ‘un acuerdo podría ser encontró. esta semana, porque a lo largo de los últimos encuentros el texto se había “ido aproximando y mejorando paulatinamente con las aportaciones de todos”.

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En este primer paquete de reformas -que cuenta con el apoyo de Bruselas- se prevén cuatro componentes fundamentales: la abrogación del factor de sostenibilidad (el mecanismo que vincula el beneficio a la esperanza de vida), la revalorización de las pensiones mediante la adaptación al índice de precios (IPC) ; y la implementación de medidas encaminadas a acercar la edad real de jubilación a la edad legal. También se acordó trasladar el déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, liberándolo así de la asunción de un gasto excesivo, un poco más de 22.000 millones que serán pagados por impuestos en lugar de cotizaciones. Con este traslado, el Ejecutivo considera que se aclara la situación financiera del sistema y se reducen las preocupaciones de los jubilados. A partir de ese momento, ciertos conceptos como las ayudas a la jubilación anticipada, la reducción de cotizaciones para promover el empleo, el trato favorable a regímenes como el sistema agrario o el complemento de maternidad correrán a cargo del Estado.

Posteriormente se resolverán los aspectos relacionados con la segunda parte de la reforma, entre los que destacan el cálculo de los años para calcular las pensiones, el aumento de las bases máximas de cotización, las cotizaciones de los autónomos por su renta real y la relativa modificaciones de las pensiones máximas.

Mecanismo de equidad intergeneracional

La derogación del factor de sostenibilidad ha sido una máxima para los sindicatos a lo largo de las negociaciones. Este mecanismo de ajuste, introducido por el Partido Popular en 2013 y que entraría en vigor en 2019 -se suspendió hasta 2023- tenía como objetivo establecer el cálculo de las pensiones según la esperanza de vida. En opinión de los representantes de los trabajadores, este sistema sancionaba exclusivamente a los jubilados, porque no se enfocaba en otros parámetros como el cálculo del beneficio, los años de trabajo para ganar el derecho, la edad de jubilación, incentivos y sanciones para extender el ejercicio profesional. vida o contribuciones.

El factor de durabilidad será sustituido por una nueva fórmula correctiva que, según el departamento de Escrivá, estará disponible en los próximos cinco meses. Será «un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027», como se indica en el anteproyecto de Ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas para fortalecer la sostenibilidad financiera, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Este quinquenio satisface a los sindicatos, que lo han entendido lo suficiente como para encontrar una nueva fórmula que vincule a las distintas generaciones y sea menos discriminatoria.

Revalorización con el IPC

Otro aspecto importante de este aspecto de la reforma de las pensiones es el que concierne a su evaluación. Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados, se ajustarán en función de la inflación registrada el año anterior, y que viene determinada por el IPC, índice que recoge la variación. en los precios de una serie de bienes y servicios adquiridos por los hogares. Además, se ha garantizado que en caso de un resultado negativo, que los precios bajen, se mantendrán sin cambios. Por supuesto, cada cinco años, el gobierno y los trabajadores sociales realizarán una evaluación para considerar si es necesario hacer ajustes, siempre que no haya pérdida de poder adquisitivo.

Pero quizás la forma en la que el gobierno más ha optado por corregir los desequilibrios del sistema de pensiones y por aligerar -en la medida de lo posible- su peso en las cuentas, es la que apunta a acercar la edad real de jubilación. (ahora alrededor de 64,6 años) a la edad legal (entre 65 y 66 en 2021). Para ello, se han acordado una serie de instrumentos que funcionan tanto como incentivos como desincentivos para prolongar la carrera profesional. Durante su participación en el desayuno del Foro Nueva Economía, Escrivá subrayó que estas medidas para prolongar la carrera serán «voluntarias», y tendrán un «despliegue paulatino».

Cheques hasta 12.000 euros

Para alentar a los trabajadores a extender sus carreras, el gobierno ha diseñado una serie de bonificaciones por cada año adicional que agregan después de alcanzar la edad legal de jubilación. Estas cheques ―Que están en línea con el volumen de pensiones obtenido de los años de cotización― que van desde los 4.786,27 euros para los que tienen las pensiones más bajas (9.569 euros anuales), hasta los 12.060,12 para los que han cotizado durante más de 44 años y medio y tienen derecho a una pensión máxima (37.567 euros).

La otra forma de retrasar la edad de jubilación es reducir el monto de las pensiones según el número de meses – ya no es por trimestres – que los jubilados deciden adelantar su jubilación. Aunque estos coeficientes también varían según el tiempo de cotización, los valores más altos alcanzan el 21% para quienes deciden jubilarse 24 meses antes de alcanzar la edad legal (la duración máxima que se puede adelantar) y que han cotizado menores de 38 y un medio; y el 13% para los que tienen 44 años y medio. El pellizco disminuye en función de la cantidad de meses hasta llegar a las caídas más bajas, que son 3,26% y 2,81% respectivamente, mientras que lo que se espera es solo un mes.

Como parte de la segunda fase de la reforma previsional, y donde las partes involucradas en la negociación aseguren que se concentren las diferencias más importantes, se resolverá el nuevo sistema de cotización por renta real para los autónomos, y el incremento paulatino de la las bases máximas de cotización. Si bien la nueva tabla de valores para los autónomos está bastante avanzada – queda por determinar cuántos tramos y sobre qué montos aplican – tal y como reconocen las organizaciones que los representan, es el otro punto que mantiene al gobierno y empleadores en desacuerdo. La parte 30 del Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas especifica que la base máxima de cotización para las pensiones se irá incrementando paulatinamente antes de finales de 2022 y que su implantación abarcará paulatinamente las próximas tres décadas, con el fin de asegurar su buen despliegue.