En el mes de febrero, el mandatario fue elegido nuevamente para un segundo mandato, a pesar de la prohibición de reelección inmediata en la Constitución. Su agrupación política conserva una destacada mayoría en el cuerpo legislativo, sobre la cual se basó para implementar reformas que posibilitaron su candidatura y que facilitan la aprobación de leyes con escaso balance de poder.
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Extensión del régimen de excepción
Desde marzo de 2022 se decretó un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y restricciones a las libertades civiles. Originalmente concebido como una respuesta temporal al aumento de homicidios ligados a pandillas, el régimen ha sido prorrogado más de 30 veces gracias al apoyo legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, aunque el marco constitucional permite la suspensión de garantías en situaciones de emergencia, esta suspensión debe ser temporal y proporcional. En este escenario, se ha transformado en una acción abusiva e indefinida, generando graves repercusiones políticas y sociales.
Infraestructura penal masiva y sobrepoblación
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Las cárceles en el país están desbordadas: el número de prisioneros ya ha sobrepasado los 94,000, mientras que la capacidad está entre 30,000 y 70,000 con la infraestructura recientemente añadida amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema extremadamente sobrecargado, son comunes las redadas masivas, veredictos automáticos y condiciones adversas que ponen en peligro la seguridad de los internos.
Respaldo ciudadano y desafío democrático
A pesar del costo en libertades, el régimen mantiene altos índices de aprobación. El gobierno defiende la medida afirmando que prioriza la seguridad ciudadana, y gran parte de la población lo respalda tras la reducción drástica de homicidios .
No obstante, entidades internacionales y actores legales han señalado que este sistema autoritario, respaldado por el poder legislativo fortalecido por el Ejecutivo, supone una degradación de los controles institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Preocupación por menores y deportados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Adicionalmente, Human Rights Watch califica las deportaciones desde Estados Unidos como “desapariciones forzadas” cuando los retornados son encarcelados sin proceso o acusaciones justificadas.
Balance final: ¿seguridad a costa de los derechos?
Los resultados en materia de seguridad son innegables: El Salvador registra varios años con cifras históricas bajas de homicidios y en 2024 cerró con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
Sin embargo, la estrategia ha desplazado derechos fundamentales y debilitado radicalmente instituciones como Fiscalía y Corte Suprema, ahora plenamente subordinadas al Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.