Iberdrola pasa a la ofensiva contra el “Asunto Villarejo” | Economía

Iberdrola pasa a la ofensiva contra el “Asunto Villarejo” |  Economía
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un acto celebrado esta semana.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en un acto celebrado esta semana.Kiko Delgado / EFE

Las aguas descienden en tumulto en la cabra montés 35 debido a la Caso Villarejo. Varios altos funcionarios y empresas involucradas en este macro-resumen de corrupción policial y comercial, cuyo epicentro es el comisionado retirado José Manuel Villarejo, han redoblado su ofensiva en las últimas semanas contra la investigación de la Audiencia Nacional. En concreto, Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que han presentado media docena de recursos y escritos desde la acusación del máximo ejecutivo de la compañía. Repsol también levantó la voz y señaló con el dedo al Estado por «favorecer o autorizar» las actividades del ex policía. Y Francisco González, expresidente de BBVA, se opuso rotundamente a la ampliación de la investigación ordenada en su contra.

La reacción se produce después de que las investigaciones endurecieran la valla sobre las empresas y sus ejecutivos. BBVA y su expresidente han sido imputados desde 2019 por presuntos cargos de espionaje contra Villarejo. Pero a esta lista se unieron el pasado mes de mayo Isidro Fainé, expresidente de Caixabank, y Antonio Brufau, actual presidente de Repsol; en junio, Sánchez Galán; y el pasado mes de julio, la propia Repsol, Caixabank e Iberdrola Renovables Energía, filial de la eléctrica, todos ellos también imputados como personas jurídicas.

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La ofensiva de Iberdrola se realizó el mismo día en que se conoció la citación de su presidente investigado, comunicado cuya fecha está pendiente. El juez procesó a Sánchez Galán el 22 de junio, pero esto no se supo hasta el día siguiente. Fue entonces cuando la empresa envió una carta al instructor, Manuel García-Castellón, para quejarse «de que había tenido conocimiento de [de esa decisión] a través de los medios «y criticó» el criterio utilizado para notificar las resoluciones «. Además, la empresa energética ya avanzaba otro de los puntos sobre los que pensaba luchar: su comparecencia en el caso tras haber presentado una denuncia contra José Antonio del Olmo. , exdirector del control de funciones sociales de la empresa eléctrica.

El magistrado considera al ex alto funcionario de Iberdrola como testigo clave tras, según García-Castellón, haber comunicado a sus superiores en 2004 «diversas irregularidades en la obra» encomendada a Villarejo. Efectivamente, llegó a presentar un informe ante notario, que se incorpora al sumario, y que llevó a la empresa a denunciarlo por presuntamente manejar estos papeles. Por este motivo, Iberdrola ha afirmado en reiteradas ocasiones que fue agraviado: “Sin embargo, estas peticiones solo fueron atendidas por el silencio judicial, lo que significó que no [nos] no notificó resolución alguna e imposibilitó el acceso al proceso ”, criticó la empresa en otra carta de 20 páginas dirigida al juez el 16 de julio, en la que también solicitó que se anule la orden del investigador, en la que acusó a la rama y Negó la comparecencia de Iberdrola como acusación particular contra Del Olmo. Ahora debe pronunciarse la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

La empresa que dirige Sánchez Galán insiste en que la investigación violó su derecho de defensa. Hable de «fallas de procedimiento». A su vez, los abogados del titular de la empresa energética enviaron otros recursos al juez para informarle de los «errores» contenidos en sus resoluciones. Los abogados protestan, por ejemplo, contra la orden por la que García-Castellón coloca a Galán como presidente de Iberdrola Renovables de Energía: «Nunca ha ocupado un cargo así en esta empresa, ni ningún cargo en su órgano de administración». A esto se suma otra carta enviada al instructor por Antonio Asenjo, exdirector de seguridad de la empresa, quien disputa todos los informes policiales y cintas donde habla con Villarejo al no considerar su autenticidad como «certificada».

Exigir «responsabilidades»

Repsol -cuyo representante dijo el lunes, al igual que el de Caixabank- también dio un paso al frente tras ser imputado como persona jurídica. Ese mismo día, dirigió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que destacó su «trayectoria ejemplar en el cumplimiento normativo y la prevención del delito» y criticó a García-Castellón por su decisión por tomarla sin antes llamar al jefe de la oficina de cumplimiento de la empresa para presenciar, «a pesar de las reiteradas solicitudes en este sentido». En esta misma nota, anunció que «se reserva el ejercicio de todas las acciones oportunas» para exigir «las responsabilidades que correspondan a quienes, al abandonar sus funciones públicas de control y vigilancia, hayan apaciguado o permitido la acción de Cenyt». , el grupo de empresas que lidera Villarejo. La petrolera apuntó así, en adelante sin paliativos, hacia el Estado.

Francisco González, expresidente de BBVA, también se sumó al ataque la semana pasada, luego de que el juez ampliara la investigación en su contra al atribuir un nuevo delito a una presunta administración injusta. Horas después de conocer la resolución, el exbanquero interpuso un recurso de apelación pidiendo que se anule la decisión por «no tener la base legal necesaria para aceptar la investigación por su presunta participación en un presunto delito administrativo. Injusto». Como reprochó, García-Castellón no detalla los “hechos concretos” que se le atribuyen y recoge “abstracciones genéricas”; además de atribuirle erróneamente, según él, un delito del Código Penal que no se le podía aplicar o determinados hechos que lo habrían prescrito.