Informe revela abuso sexual organizado de menores en 18 escuelas en México

Informe revela abuso sexual organizado de menores en 18 escuelas en México
Niños que regresan a clases de preescolar en el estado de Guanajuato.Luis Ramírez / EFE

Desde 2001, la Oficina de Defensa de los Derechos del Niño (ODI) ha detectado 18 escuelas donde se han cometido abusos sexuales organizados contra niños en siete estados de México. Los mineros describieron que los delitos, que se cometieron de manera llamativa y abrumadora en los centros, a veces involucraron a maestros, el director del campus, el personal administrativo e incluso el hijo adolescente de uno de los maestros. Los testimonios destacan una serie de patrones delictivos marcados por «acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas a gran escala dentro de un campus escolar», según el informe. Es un secreto sobre la explotación sexual de niños en las escuelas de todo el país. La organización denuncia la falta de vigilancia, la falta de información para poder identificar los abusos y la impunidad que reina en el país como las principales causas del problema y advierte que los casos documentados no son los únicos.

La ODI ha identificado 37 escuelas en México con «posibles coincidencias en patrones» de explotación sexual. De estos, solo 18 pudieron obtener más detalles a través de los testimonios de niños de los estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Estado de México, Baja California y México, este último donde se concentra la mayoría de los casos. Los patrones se ven en las secuelas psicológicas que se ven en las víctimas, como comportamientos violentos, pesadillas, episodios de pánico en situaciones cotidianas o agresión sexual a hermanos menores.

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El informe señala que en algunas escuelas, los niños identificaron a un grupo de 10 personas como agresores directos, como sucedió en la escuela infantil pública Andrés Oscoy en Iztapalapa. En este caso, un total de 30 niños fueron víctimas de abuso. Un grupo de menores describió cómo fueron agredidos por más de un adulto simultáneamente. “Lo que han vivido los niños y niñas no concierne a varios atacantes que coinciden en el mismo colegio, sino a un grupo de personas que de forma coordinada y conjunta atacan a los alumnos”, detalla el documento.

El caso más reciente es el de la guardería Idolina Gaona de Ruiz en Jalisco. En 2018, cuatro preescolares compartieron cómo el alcalde las vistió de princesas, las tocó y les tomó fotos con su teléfono. Las autoridades vincularon al director de la escuela como cómplice. Ese mismo año, Naciones Unidas advirtió que hubo un aumento del 32% en las páginas web que contienen imágenes de abuso sexual infantil. Se agregaron un total de 103,000 portales con este contenido en solo un año.

“Está más allá de la capacidad de ODI aclarar lo que está sucediendo. La investigación de la delincuencia compleja requiere la acción del Estado ”, denuncia la organización. La identificación de patrones delictivos dentro de las escuelas indica «la posibilidad» de que muchos niños en edad preescolar y primaria hayan sido «capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea». La asociación civil Infancia en Común ha estimado que esta actividad genera hasta 24 mil millones de dólares al año, por encima de la venta de armas y solo por debajo del narcotráfico. Durante los primeros meses de la pandemia, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó un aumento del 107% en la pornografía infantil disponible en México.

Al no contar con un mecanismo de seguimiento dentro de las escuelas, la organización denuncia que las autoridades escolares no reportan de manera inmediata posibles abusos. Cuando se conocen los hechos, el Ministerio de Educación Pública abre una investigación interna sobre la denuncia por delitos graves, lo que dificulta «distinguir entre omisión y encubrimiento». Además, ni los padres ni los menores tienen la información y la formación para poder identificar el abuso sexual en el hogar cuando los niños han sido amenazados, y mucho menos sus experiencias.

La ODI indica que los mecanismos de impunidad pasan por una falta de coordinación por parte de las autoridades, desde la policía hasta la fiscalía. Además, señalan que la fragmentación de la investigación imposibilita el esclarecimiento de los hechos. A pesar de la multiplicidad de fiscales locales, las investigaciones «tratan cada caso como aislado e ignoran en la investigación la acción conjunta y organizada de los agresores adultos». Los investigadores también denuncian la falta de pericia y adecuación de los procesos para que las víctimas no vuelvan a experimentar el impacto del trauma. En otros casos, los menores de edad quedan excluidos de la encuesta.

En el caso de Iztapalapa, no se investigaron los antecedentes de los sospechosos y no se incautaron equipos electrónicos para determinar si contenían pornografía infantil. El caso tardó cinco años en ver un juicio final después de ser juzgado por cuatro jueces diferentes. El intendente fue sentenciado a 467 años de prisión, el director de la escuela fue sentenciado a 88 años de prisión, el subdirector fue sentenciado a 81 años, el asistente de servicio y mantenimiento fue sentenciado a 36 y los dos trabajadores sociales fueron sentenciados a 68 años cada uno. . Sin embargo, diez años después de los hechos, los menores de la escuela Andrés Oscoy no han recibido una indemnización “justa e integral” por “los graves daños causados ​​por 6 funcionarios encargados de protegerlos y educarlos”.

Las irregularidades se repiten, y en el caso de la escuela Laura Elena Arce Cavazos en el estado de México, solo se ha dictado sentencia para una de las seis personas identificadas por la víctima. En la escuela Tlatelli en Morelos, los abusos se cometieron entre 2007 y 2018, pero las víctimas no obtuvieron justicia. Las investigaciones no han avanzado, denuncia la ODI.

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