la Cámara de Casación validó las indagatorias que tomaron Claudio Bonadio y Carlos Stornelli
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En una caída, el tribunal reconoció un pedido de nulidad de la indagatoria de un empresario de la construcción y el transporte. Así podría seguir preparándose el juicio oral a más de 150 ex funcionarios y empresarios.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de los abogados del empresario Aldo Benito Roggio y, de ese modo, respaldó la validación de las declaraciones indagatorias tradicionales que habían tomado el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli al inicio de la causa de los Cuadernos de las Coimas.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y otras demandas han sido objeto de este método y recibieron que para que las indagatorias a arrepentidos tuvieron valor jurídico se debe haber filmado y no solo tomado versión mecanografiada junto a los abogados defensores, como es tradición en tribunales.
Así la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los doctores Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal Federal nº 7 que no hizo lugar al pedido de nulidad departe de la declaración indagatoria prestada por el imputado ante le juez de instrucción, luego de haber acordado con el fiscal Carlos Stornelli para brindar información como imputado colaborador.
La resolución fue dictada en el marco de la causa CFP 13820/2018, es decir una relajación de la investigación iniciada por el Juez Bonadío en torno a la presunta asociación ilícita, en la que estuvieron involucrados la ex Presidenta Cristina Kirchner, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios y empresarios cuya finalidad hubiera sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrollaron sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015.
Este expediente en particular, acumulado en la causa principal «Cuadernos de las Coimas», se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de obtención ilegal antes aludido en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado concretamente a las cuestiones de transporte.
Los cuestionamientos de la defensa se centran en atacar la declaración indagatoria brindada en su momento por Roggio ante el juez Bonadío, considerando principalmente que el magistrado realizó preguntas que excedieron el objeto del proceso atribuido al imputado, y que de esa forma, amplió la investigación un asunto sin contemplación, cuentos como los supuestos retornos por subsidios al transporte. También agregó que, en el contexto particular en que se dan las indagatorias, si Roggio no colaboró en su declaración, corría riesgo de quedar detenido.
La Fiscalía de Juicio escuchó que el planto no podía prosperar, comentan fuentesjudices. Entre otros argumentos, indicó que la defensa no se afectó una afectación precisó que De la ley a la violación de las garantías constitucionales..
En el mismo, el Tribunal desestimó la pretensión, destacando que la parte arremete “contra los actos propios, poniendo en crisis la estrategia defensista que se adoptó al prestar la declaración que ahora sentido cuestiona”.
La realización del juicio oral aún parece una instancia muy lejana. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) solicitó en varias ocasiones recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder imprimir mayor celeridad al caso, pero no obtuvo la respuesta esperada. Bonadio y Stornelli plantean la causa a juicio oral en septiembre de 2019.
La causa vino en el 2018 cuando el diario La Nación describe que Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del exministro Julio De Vidoll- llevó colgante años un registro detallado del recorrido de los bolsos con dinero, probablemente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
Un amigo de Centeno que tuvo en su poder aquellos cuadernos se los cedió al periodista de La Nación Diego Cabot, quien comenzó a comprobar su contenido y pocas semanas después tuvo que llegar a la Justicia. Bajo estricta reserva, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio trabajaron en ese mismo sentido, hasta que el 1 de agosto de 2018 decidieron detener al chofer y descubrir el juego.
