la justicia allanó el camino para avanzar hacia el juicio oral en el caso por las coimas en AySA

La Cámara Federal de Casación Penal allano el camino para que se realice el juicio oral de una de las causas vinculadas a los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado en la Argentina para acceder a los contratos públicos. Se trata del caso qu’investigó coimas y sobreprecios en la construcción de dos plantas de tratamiento -de agua potable y líquidos cloacales- para la empresa estatal AySA, en el que están acusados, entre otros, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López.

La Sala III de la Casación, integrada para los jueces Mariano Borinsky y Guillermo Yacobuccirechazamos las quejas interpuestas por las defensas de Eduardo Miguel Blomberg, Lucas Patricio Cesa, Horacio Dalla Tea -quienes resulten imputados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública– y de Julio De Vido, quien fue enviado a juicio por el delito de cohecho pasivoen la marca de la causa «Odebrecht».

In the distintas presentaciones los acusados habían pedido la nulidad de la elevación a juicio escuchar que el juez instructor, Sebastián Casanellono había respondido diversos cuestionamientos formulados por varios abogados que se oponían a que el expediente avante hacia la instancia del debate oral.

En este expediente investigaremos las adjudicaciones de obras públicas llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o «Planta del Bicentenario». Las empresas resultantes fueron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por «Norberto Odebrecht SA» -Sucursal Argentina-, «Benito Roggio e Hijos SA», «Supercemento SAIC» y «José Cartellone Construcciones Civiles SA» y , por otro, la UTE conformada por “Construcciones e Comercio Camargo Correa SA” y “Esuco SA” ​​

Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, De Vido, José López y Baratta. Y los empleadores participantes.

En su investigación, Casanello determinó que «se celebró un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y patrones, motivado en el pago de sobornos, que implicaba concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que indefectiblemente derivó en a defraudation al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».

todo paso entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstas. Tax Para el federico delgadoel terreno en que se desarrollaron los sucesos también tiene dos planos.

«El formalmente legal que es el de los procesos licitatorios. El otro es el de la realidad material. Allí se dieron acuerdos ilegales, que incluyeron el pago de coimas. Producto de esos acuerdos se fueron modificando los pliegos a medida que los pactos non santos avanzaban. Es sencillo, aunque no lo parezca. Se fue escribiendo una historia formal que la realidad iba cambiando. Esos cambios se tradujeron en modificaciones de la historia formal que registraron las licitaciones», había dicho Delgado.

En una primera trama del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recibió bajo las ex directivas de AySA y los patrones. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por «probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculados a la obra Paraná de las Palmas».

El juez Casanello dio por acreditadas «las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurar tales adjudicaciones ventajosas».

Por ello, los empresarios ya procesados ​​por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron luego acusados ​​​​​​de «corruptores», es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizar la adjudicación de obras.

El circuito de las coimas

Según la justicia, los sobornos se reestructuraron en dos instancias. En enero de 2009, es la primera página de servicios del consorcio de la Planta AySA por 69 millones de dólares. «El director del contrato, Sergio Gouvea, por indicación de Carlos Wagner, tomó contacto con raul biancuzzoquien se presentó ante el Departamento de Operaciones Estructuradas (oficina de coimas de Odebrecht), iniciándose así los pagos indebidos en las cuotas por éste indicados, que ascendieron a $ 7,6 millones«.

Hubo tres órdenes de pago vinculadas a la obra «Paraná de las Palmas», una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese año, por 67,289 dólares, 18,000 dólares y 25,000 dólares. «En el sector «codinome», que es el apodo asignado al destinatario, figuran «Rio Grande», «Cavalo» y «Raúl Seixas», siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces director general de Odebrecht en Argentina«, explica el juez en su resolución.

El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht «debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del expresidente Néstor Kirchner», dijo Casanello en su momento. El mismo se prorrogó entre 2011 y 2014, y «tuvo como intermediario, en este caso, entre funcionarios y empresarios a Jorge Ernesto «Corcho» Rodríguez quien, al otro lado de la firma uruguaya Intercambiar Sabrimolrecibió un total de 6.450.000 dólares».

Según establecieron la investigación, esos pagos se realizaron con cheques de la empresa uruguaya Sabrimol, y cambiaron en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara de Casación, es que dichos fondos ilícitos llegan a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA.

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