Las cuotas voluntarias de una escuela concertada que eran obligatorias | Madrid

Las cuotas voluntarias de una escuela concertada que eran obligatorias |  Madrid

Son las 11 de la mañana del miércoles 30 de junio y una niña de 15 años aguarda nerviosa en la puerta de la escuela de conciertos María Inmaculada, en la calle del General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí. Es el día de la entrega de las notas de fin de curso. Mientras tanto, lo acompañan su hermano, egresado de la ESO, y su madre, Rocío A. (se omite el apellido para no identificar a los menores). La niña de 10 años se quedó en casa. No saben si la escuela les dará las calificaciones.

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De hecho, desde hace varios años, esta madre soltera lucha contra la gestión del centro para que sus tres hijos tengan el mismo acceso a los recursos educativos que los demás. “La niña, por ejemplo, se ha retenido varias veces de dar notas a los niños porque yo no había pagado las cuotas voluntarias”, explica Rocío. En conversación telefónica, la monja Concepción Bueno, directora del colegio, niega: «A veces dejamos el mensaje a los alumnos de que sus madres vienen a la secretaría, porque no atienden nuestras llamadas, pero nada más».

El 10 de junio, la familia recibió un Correo electrónico el departamento administrativo del centro en el que se han solicitado varios pagos pendientes. «No es así», continúa el director por teléfono. «Solo estamos pidiendo lo que es obligatorio, como tarifas para cenar o horarios extendidos».

No obstante, EL PAÍS tuvo acceso a este correo electrónico, que adjunta tres documentos, uno por niño con el detalle correspondiente, en el que esta familia debe abonar 1.174 euros por los tres alumnos. En cada relación de pago, individualizada para cada menor, se mencionan las “cotizaciones voluntarias” con el mes y año al que corresponden y no se especifican “servicios y actividades”. «Adjunto en detalle todos los montos pendientes de pago», escribió una persona del centro por correo, con membrete de la escuela. Una suma astronómica para Rocío, quien actualmente es beneficiaria del Carnet de Familia del Ayuntamiento de Chamberí (ayuda de emergencia para alimentar familias en emergencia social).

Tasas voluntarias

La situación es bien conocida por el director de la escuela, quien reconoce que el perfil familiar vulnerable está muy extendido entre los estudiantes. Desde el Ministerio de Educación Nacional, un portavoz confirma que en la escuela concertada «los cobros a las familias por actividades complementarias, extraescolares o servicios escolares complementarios, sólo se pueden establecer de forma voluntaria».

La realidad fue diferente para los tres hijos de Rocío, que sufren discriminación desde 2016, según cuentan a este diario. Las salidas a fincas, chocolaterías o al teatro en inglés en el mismo auditorio del centro son actividades escolares que a los tres niños les han prohibido por no estar al día con sus pagos. La monja dice que está «herida porque las familias no dicen lo que les ayudamos en la escuela». Y enfatiza: «Con aportes de nuestro propio salario, hasta que podamos».

La mañana avanza y la hija mayor recibe las notas sin dificultad. Desde adentro del centro, le cuenta a su mamá por WhatsApp, quien respira aliviada en la puerta. “Fíjate que quiere estudiar trabajo social, para poder ayudar a las personas como nos están ayudando ahora”, dice. La madre, con una lágrima fácil, se emociona. Pronto besa a uno de los profesores que salen a la calle. “Nos conocemos desde hace años, mis hijos son lo que son gracias a ellos”, explica. Es por ellos que quiere que sus dos hijas sigan en el centro.

Un instructor de la cafetería me dijo que si no podía pagar esta escuela, llevaría a mis hijos a otra, como si fuera una escuela privada. La verdad es que sentí que estaba negociando con la guerrilla en mi país.

Dice que se sintió humillada y acosada. “Un instructor de comedor me dijo que si no podía pagar esta escuela, llevaría a mis hijos a otra, como si fuera una escuela privada. La verdad es que sentí que estaba negociando con la guerrilla en mi país ”. Esta colombiana de 50 años llegó a España en 1997, y es parte del grupo de población que más recibió. Impacto económico de la pandemia , aunque sus problemas económicos vienen de antes. En diciembre de 2019, unos días antes de Nochebuena, fue desalojada del piso donde vivía con sus tres hijos por acumulación de impago del alquiler.

Hace unas semanas, un grupo de apoyo vecinal le recomendó acudir a la Inspección de Educación. Entre otras cosas, no pudo ver las calificaciones de sus hijos, que están publicadas en una aplicación utilizada por la escuela, Global Educa, y que ha sido bloqueada por falta de pago. “No sabíamos si tenían que estudiar algo para recuperarse, no podíamos verlo”, dijo.

Esta aplicación fue fuente de graves problemas durante el encierro de marzo y abril de 2020. La familia, según Rocío, la había bloqueado por impago de 60 euros cuando se decretó el cierre y es esta herramienta la que se utilizó en primaria. enviar y recibir tareas. “Cuando mi pequeña no los estaba haciendo, sus maestros nos contactaban por teléfono”, explica. Acordaron enviarle todo por Correo electrónico, hasta que más tarde desbloquearon el acceso a ellos.

La directora Concepción Bueno también niega lo sucedido. “No estamos bloqueando nada. Este tipo de familias [vulnerables, aclarará después] a veces pierden la contraseña y ya no pueden entrar ”, dice. Pero Rocío también proporciona un correo electrónico, con fecha del 21 de abril de 2020, en el que la escuela le informó que podían acceder a la plataforma, «a pesar de los recibos pendientes», y en el que anunciaron que la dirección era Se concertará una cita para «regularizar el situación «una vez restablecida la situación en las aulas.

Ya es mediodía y es el turno del hijo mayor. Rocío llama desde la puerta a la Inspección de Educación Comunitaria, con la que ya tiene contactos desde hace una semana, siguiendo a la junta de vecinos y desde donde llamaron a la dirección para recordarle que su obligación es dar las notas a todos los alumnos. . El inspector está de guardia y le asegura que está esperando el caso. Unos minutos más tarde, su hijo baja las escaleras con sus notas en la mano. Madre e hijo se abrazan y toman fotografías.

Rocío consideró repetidamente denunciar a la escuela por discriminación y acoso, pero el miedo la paralizó. “Soy una madre extranjera con tres hijos sin familia aquí, no sabía lo que me podían hacer”, dice. Ahora que ha decidido hacerlo, espera no tener ningún problema. Aún tienen que confirmar las plazas para el próximo año para sus dos hijas.

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