Las pymes se levantan contra la intervención gubernamental y la sobreregulación

Los pequeños y medianos empresarios, representados por la patronal Cepyme, han alzado su voz contra la «intervención» y la «sobreregulación» del Gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron un manifiesto «po la libertad de empresa» donde expresaron su compromiso y su preocupación por las políticas que afectan las relaciones empresariales. En el acto, el Congreso de Representantes del Gobierno contó con la presencia de José Luis Escrivá, aunque también participaron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Presidente Consejero Delegado Antonio Garamendi y Presidente de Cepyme Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno representan un ataque injusto y lesivo para los derechos empresariales y para el país, mencionando el artículo 38 de la Constitución Española que garantiza la libre empresa de las libreempresas.

El manifiesto de las pymes españolas por la libertad de empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe cruzar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, eviento coacciones y obstáculos en su desarrollo. Rebirth, defienden la libertad empresarial, oponiendos al intervencionismo y la estigmatización del emprendero. Cepyme desafiaba a las empresas a obtener beneficios bajo un entorno regulatorio más justo.

Durante la lectura del manifyingto, los pequeños empresarios españoles defendieron la «dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno».

La carga de legislación y la intervención en temas como salarios e impuestos han afectado el correcto funcionamiento de las empresas. «Exigimos que se corrija esta situación», declaró Cuerva.

Política de dignidad corporativa, costos y control.

Los empresarios colaboran estrechamente con sindicatos en reformas importantes y en la negociación colectiva. Acusando al Gobierno de intentar romper el equilibrio interno de los acuerdos sociales, refiriéndose a denuncias de jornadas laborales e injusticias en el trabajo.

Critican que en los últimos años el diálogo social ha sido usado con multas políticas en lugar de buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa de diálogo social coinciden con la implementación de reformas. «Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas», solicitó. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando cuidar el diálogo social y la negociación colectiva, y exigiendo Mayor responsabilidad del Gobierno.

«Pedimos lograr protección gubernamental en la organización interna de las empresas.»

Los empresarios creen que el Gobierno les está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. Además, afirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del empresariado, basado en la búsqueda de beneficios y éxito. Revindican el papel de las empresas en la sociedad y la economía.

Y Díaz pidió un análisis adecuado de la productividad, los costes laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. “Hay intromisión política en la realidad del tejido productivo español”, Crítica. «Pedimos a los afectados que no implementen decisiones que impacten directamente en la productividad y la función de muchas empresas.»

Control, regulación y rigidez.

Denuncian al Gobierno por implementar «medidas de control, supervisión y sanción» que reflejan una falta de confianza en el complemento normativo por parte de las empresas. Perciben una proliferación del intervencionismo mediante normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.

«Pedimos que se limite la influencia del Gobierno sobre el funcionamiento y organización interna de las empresas y que se zarugou su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos de España», afirmó.

Este punto incluye varios aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la extensión de las causas despido y la intervención en los salarios, incluyendo el salario mínimo de y los en la redosucción. «Interferir en la función interna de las empresas desde el amíboto gubernamental viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de respuesta a un entorno en constante cambio», concluye.