Los aprendices podrán acceder a bolsas de trabajo incluso si suspenden a la oposición | Economía

Los aprendices podrán acceder a bolsas de trabajo incluso si suspenden a la oposición |  Economía
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el 23 de junio en el Congreso.
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el 23 de junio en el Congreso.Rodrigo Jiménez / EFE

El gobierno está negociando la reforma contrarreloj para reducir la alta tasa de empleo temporal en la administración pública. Se trata de una de las medidas puestas en marcha en Bruselas y para respetar el cronograma debe concertar un acuerdo en los próximos días con los sindicatos y las comunidades autónomas, las administraciones que tienen más funcionarios públicos a su cargo y las que tienen mayor número. de los trabajadores temporales, alrededor del 32%. El ejecutivo propuso un nuevo proceso de selección para dar estabilidad a los trabajadores públicos temporales – 310.000 según la función pública, 800.000 para los sindicatos – muchos de los cuales prestan sus servicios en sectores tan sensibles como la salud o la educación.

MÁS INFORMACIÓN

Según el último borrador enviado por el Ministerio de la Función Pública a los sindicatos y comunidades autónomas, al que tuvo acceso EL PAÍS, la intención es regularizar “todos los puestos estructurales, presupuestados, ocupados de forma temporal y continuada al menos en el plazo de tres años. antes del 31 de diciembre de 2020 ″. Una de las propuestas del ministerio permitiría a los pasantes ingresar al mercado laboral incluso si no superan la oposición.

«Las convocatorias de estabilización que se publican pueden prever para las personas que no pasan el proceso de selección, su inclusión en intercambios intermedios específicos o su integración en intercambios existentes», explica el Proyecto de acuerdo sobre criterios generales sobre las medidas a aplicar en materia de temporalidad en las administraciones públicas. Y añade: «Los candidatos que, habiendo participado en el correspondiente proceso de selección, y no haberlo superado, hayan obtenido la nota que el recurso considere suficiente, serán incluidos en estas bolsas».

Los sindicatos presentes en la mesa de negociación (UGT, CC OO y CSIF) están a favor de esta propuesta. Sin embargo, esta confección ad hoc La competencia-oposición despierta sospechas entre otros opositores porque otorga cierta ventaja al interino sobre el resto de los aspirantes. También le desagradan muchos servidores públicos, especialmente aquellos a los que les gusta pedir un cambio de asignación y temen que estas vacantes sean asignadas a trabajadores temporales.

Experiencia acumulada

El documento también especifica que el mecanismo de regularización de los aprendices «se desarrollará por vía de competencia-oposición, con una evaluación de la fase de competencia del 40%, en la que se tendrá en cuenta la experiencia como empleado. estabilización ”. Por supuesto, con algunas peculiaridades. Este procedimiento es una mezcla de las otras dos modalidades por las que el Estado regula el acceso al sector público – concursos y concursos por mérito – y cada órgano de funcionario público debe adecuarlo a sus particularidades. y tendría algunas modificaciones que no satisfacen, por el momento, a todas las partes.

El Gobierno pretende dotar a la parte correspondiente a la oposición con el 60% del valor total de la prueba y otorgar un peso del 40% a la acreditación de méritos. Es en esta última parte donde intentamos dar un valor superior a los años de experiencia y trabajo acumulados por los aprendices que otros criterios (formación, cursos cursados ​​…), con el fin de favorecer su conversión en permanente. Sin embargo, desde la bancada sindical, quieren incrementar este segundo porcentaje. El CSIF considera que la experiencia profesional debe representar el 80% de la evaluación, que la fase de oposición no debe ser eliminatoria -dentro de este modelo que no pasa no accede a la convalidación de méritos-, y que las asignaturas de examen deben relacionarse con nociones prácticas de el trabajo a realizar, y no a los fundamentos teóricos.

Las posiciones entre el ministerio que encabeza Miquel Iceta y los sindicatos son cercanas, pero posiciones aún están por discutir con las comunidades autónomas, según fuentes de la negociación, que prevén que el pacto podría concretarse la próxima semana. A pesar de que los dos canales van por buen camino, el tiempo se acaba: el acuerdo debe cerrarse antes de fin de mes y ratificarse, a más tardar, en el Consejo de Ministros del 6 de julio para cumplir con los plazos establecidos por Bruselas. La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está programada para el jueves 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus aportes al proyecto hasta el martes 29 de junio.

El procedimiento de licitación, señala el documento, sólo tendrá un «carácter básico», aunque deberá proporcionar «un marco suficientemente flexible de seguridad jurídica en el marco de todas las administraciones públicas, estatales y públicas, autonómicas y locales». Si bien este es solo un marco mínimo, debe generar un consenso suficiente entre las autonomías para que no se sientan cuestionadas sus competencias y lo apliquen de la misma manera. Sólo así, explican las fuentes de las negociaciones, se puede reducir el tipo intermedio al 8% como se prometió a Europa. Como era de esperar, las tasas más altas del sector público se encuentran en las comunidades autónomas y administraciones locales (especialmente en educación y salud): 36,6% y 12,28%, respectivamente, frente al 7,4% de la administración central.

Por el nuevo marco regulatorio contra la temporalidad elaborado por el ministerio que preside Miquel Iceta, y en el que se prevé un proceso de estabilización para los becarios que trabajaron ininterrumpidamente entre 2017 y 2020; y la reforma del Texto Refundido del Estatuto Fundamental de la Función Pública (TREBEP), de ser efectiva, depende necesariamente de la aprobación de las comunidades. Sin su implementación, el plazo no disminuirá, y la caída al 8% que el Gobierno se ha marcado como objetivo no se alcanzará antes del 31 de diciembre de 2024. Rompiendo el compromiso adquirido con Bruselas, uno de los pilares que sustenta la recepción de los fondos europeos.

Concursos organizados en Valencia en septiembre de 2020.
Concursos organizados en Valencia en septiembre de 2020.Kai Försterling / EFE

Esperamos que la semana que viene podamos llegar a un gran acuerdo que sienta las bases para solucionar el problema de la temporalidad a corto y medio plazo en Asturias y España ”, reconoció el pasado jueves el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, tras la Jornada Sectorial de Administración Pública.

MÁS INFORMACIÓN

Fuentes ministeriales reconocen la sensibilidad de la situación. Ordenar un régimen general que no interfiera en las competencias de las comunidades autónomas y que no provoque situaciones que pongan en peligro los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al sector público no es fácil. Incluso el deseo de compensar con 33 días al año a los aprendices contratados desde la entrada en vigor del nuevo convenio no obtuvo la aprobación de los sindicatos. Que los que estaban antes se queden atrás no gusta a los representantes de los trabajadores, que auguran una avalancha de recursos para sentirse discriminados.

En la nueva reunión entre el gobierno, los sindicatos y las comunidades, aún sin fecha, se irán aclarando las diferencias que todos los partidos reconocen deben resolverse si se quiere llevar a cabo a tiempo el hack de la administración temporal que demanda Europa.