Los sindicatos insisten en endurecer la indemnización por despido y la patronal lo rechaza | Economía

La Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido una charla laboral de altura. El Colegio de Economistas de Madrid ha reunido este martes en el mismo espacio a los principales líderes empresariales y sindicales de España. A la izquierda de la moderadora (la decana-presidenta del Colegio, Amelia Pérez) se encontraban el jefe de CC OO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. A la derecha, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva. Estaban sentados en la misma disposición que cuando presentaron su último gran acuerdo, el pacto salarial que suscribieron en mayo. Es uno de los principales hitos del diálogo social en los últimos años, justo el objeto del debate entre los participantes, que se han deshecho en elogios hacia la concertación de políticas laborales. Pero también ha habido tiempo para el disenso: los sindicatos han vuelto a insistir en la necesidad de reformar la indemnización por despido, de encontrar una fórmula que proteja mejor a los trabajadores, un debate que los jefes patronales dan por cerrado.

“Este es un capítulo pendiente para futuras negociaciones. Estoy seguro de que las empresas no quieren amparar despidos injustificados que no responden a razones objetivas. Lo tenemos que abordar”, ha comentado Álvarez. La posición que viene manifestando su sindicato es que el actual sistema de indemnización por días trabajados no resulta disuasorio, especialmente cuando la relación laboral ha sido corta. Este debate ha tomado fuerza desde que España ratificó al completo la Carta Social Europea. Este texto legal, que supera a la normativa nacional, introduce un cambio que permite a los jueces establecer indemnizaciones que superen esos 33 días, ya que reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y ese periodo por año trabajado, según el juez, no tiene por qué coincidir con lo que considera “adecuado” o “apropiado” ante el daño causado.

UGT presentó una denuncia contra el Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en mayo de 2022, admitida a trámite en octubre del año pasado y cuya resolución se espera para finales de 2023. El sindicato entiende que la normativa laboral española viola los principios legales comunitarios en materia de despido, ya que en aquellos casos en los que se produce el final de la relación laboral por motivaciones ajenas al desempeño del trabajador las indemnizaciones que estos reciben no compensan el daño ocasionado. “Esperamos una respuesta positiva, como la obtenida en Francia e Italia”, ha añadido Álvarez.

Sordo, cuyo sindicato ha interpuesto una denuncia parecida a la de UGT por el mismo asunto, ha dicho que España “se debe replantear su modelo de despido, de forma que sea la última opción para la empresa”. El líder de CC OO ha indicado que una posibilidad podría ser establecer una indemnización mínima, que resulte independiente de la antigüedad para evitar ese tipo de rescisiones de contratos.

La patronal, sin embargo, ni siquiera observa este tema como un objeto de debate. “Llegamos a un acuerdo de reforma laboral donde hay temas que se acuerdan y otros que no se hablan porque están dentro del acuerdo. Por tanto, no tenemos más que decir”, ha contestado Garamendi a la pregunta de un estudiante. Los líderes sindicales han enmendado ese planteamiento. “Lo no tratado no lo hemos acordado, pero no significa que no lo trataremos. En el debate de la reforma laboral había temas que no se quería que fueran objeto de la negociación y por eso no lo fueron”, ha replicado Álvarez.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, comentó este asunto en febrero en el Congreso de los Diputados: “El despido en nuestro país no es caro, es demasiado barato. Es tan barato que [a las empresas] les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de 33 días. Tengan mi palabra. Vamos a cumplir con lo que resuelva el Comité Europeo de Derechos Sociales porque es la fuente de derecho en nuestro país. Creo que debemos actuar”. Su partido, Sumar, proponía una reforma en su programa electoral. Sin embargo, desde la parte socialista del Gobierno, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo en abril que está “muy cómodo” con el sistema “en los términos en los que está en este momento”.

Diferencias en salario mínimo

Los jefes sindicales y patronales tampoco han coincidido en sus planteamientos respecto al sueldo mínimo. “Los salarios no deber corresponder a criterios electoralistas. Son una contraprestación a un trabajo realizado, con inputs como los impuestos, los márgenes o el valor añadido del puesto”, ha opinado Cuerva. El líder de Cepyme considera que la vía para mejorar el poder adquisitivo no es “subir salarios por real decreto”, sino “mejorar la actividad económica y las empresas, que es un camino más largo pero es el real”. “Tenemos que ayudar a aquel que lo necesite, pero no convirtamos la ayuda en una situación crónica y estructural. Ojalá este país algún día esas personas que con sus pírricos sueldos no pueden vivir dignamente, fueran ayudas puntuales, coyunturales, no un país de ayudas estructurales”, ha dicho Cuerva.

En la misma línea, Garamendi ha señalado lo siguiente: “Desde el Estado nos dicen que invitan a cenar pero que tú pagas la cena”. Así ha criticado que no se haya reformado la ley de desindexación de contratos públicos, de manera que las empresas contratadas por el Estado y que pagan retribuciones bajas a sus empleados no pueden repercutir esos incrementos del salario mínimo. Sordo ha dado la razón a Garamendi en este aspecto, indicando que no es coherente que no se cambie esa norma. Pero sí ha lanzado a la vez un recado a la patronal, recordando que los sindicatos estaban dispuestos a vincular las subidas salariales a la productividad “siempre y cuando se calculase de forma objetivable, y no hemos encontrado actitud proactiva en las organizaciones empresariales”. Por su parte, Álvarez ha insistido en que situar el salario mínimo en el 60% del salario medio no es capricho, sino que lo requiere la Carta Social Europea.

Antes de estas preguntas de los estudiantes, la charla ha transcurrido sin apenas diferencias entre los participantes. Los cuatro han reivindicado el diálogo social, y han resaltado que el grado de influencia que tiene en la acción del Gobierno no es habitual fuera de España. “La clave del diálogo social es conseguir la paz social”, ha comentado Garamendi. “El mejor ejemplo”, ha proseguido el líder patronal, “fue la pandemia. Los ERTE fueron un caso de éxito, donde trabajadores y empresarios pusimos mucha voluntad y sentido de Estado. Pactamos la ley de teletrabajo, la de riders y la propia reforma laboral, que ha dado una estabilidad enorme al país”. Cuerva cree que aquellos que cuestionan la utilidad del diálogo social “no están en la realidad de este país”. “Nunca se debería instrumentalizar políticamente. Sería la muerte para el diálogo social, en el momento que un Gobierno de cualquier color tenga esa tentación”, ha añadido el líder de Cepyme, que ha criticado que algunas normas aprobadas por el Ejecutivo “no hayan transitado esa senda”.

Sordo ha reivindicado la importancia de que el poder legislativo y el ejecutivo accedan a escuchar a los agentes sociales. “Es muy relevante en términos jurídicos, políticos e incluso constitucionales. No es que el gobierno de turno pregunte qué opinamos de no sé qué norma, es un proceso de concertación social”. “Es una metodología altamente positiva, que permite tomar decisiones a los gobiernos con más conocimiento de causa”, ha indicado Álvarez.

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