El niño es diagnosticado de juego e inscrito en el Registro General de Prohibiciones de Juego, un sistema de la Comunidad de Madrid para evitar que los drogadictos sigan jugando. Sin embargo, las casas de apuestas con las que habló no le impidieron gastar más de 8.400 euros en todo un año. El padre denunció, pero el proceso sancionador comenzó demasiado tarde. El mediador, Francisco Fernández Marugán, recordó este jueves a la administración autonómica que debe actuar con mayor celeridad en este tipo de casos porque, debido a la lentitud con la que han tramitado los casos contra la empresa de juegos, se prescribió uno de ellos.
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Todo sucedió entre septiembre de 2017 y octubre de 2018. El registro de 125 transacciones bancarias en 47 días diferentes permitió a un padre demostrar al Mediador que su hijo adulto había podido acceder a dos casas de apuestas de la franquicia Codere y apostar más de 8.400 euros. El padre presentó una denuncia en agosto de 2018 pero, como señala Fernández Marugán, no se inició ningún proceso sancionador hasta diciembre de 2019 y esto también sucedió una vez después de la denuncia de la Defensoría del Pueblo. La institución precisa que, para entonces, la Administración tenía «conocimiento de que la infracción había prescrito».
La institución destaca que este descontrol «dificulta la rehabilitación de la persona afectada y suma al daño emocional que genera la adicción el sentimiento de impotencia ante la impunidad empresarial». Desde la Comunidad señalan que se realizó el trámite y que una de las casas de apuestas fue multada con 15.000 euros, pero que en el caso de la otra no se pudo demostrar suficientemente que se hubieran realizado estos pagos. El Defensor del Pueblo de Quebec insiste en que había suficientes pistas para iniciar un expediente más rápidamente, lo que habría impedido que el delito prescribiera.
Registro voluntario
La administración autonómica pone a disposición de los ciudadanos el registro general de prohibiciones de acceso al juego para que se registren voluntariamente o por un tercero en caso de resolución judicial que lo permita. El niño fue incluido, pero la empresa lo ignoró repetidamente y le permitió apostar tanto en persona como en en línea. Por ello, el Mediador transmite a la Administración “la frustración y la impotencia del que se presenta” por la ineficacia de los sistemas de control. La Comunidad realiza alrededor de 20.000 inspecciones de estas empresas al año.
En 2019, el Gobierno regional endureció las medidas que deben cumplir las casas de apuestas, que luego obligó a controlar el acceso para evitar la entrada de drogadictos o menores. El plazo de adaptación a la nueva normativa se ha ampliado hasta febrero de 2020. La multa por permitir que los drogadictos y menores jueguen puede alcanzar los 9.000 euros. El Defensor del Pueblo recordó a la Comunidad que para que los delitos no queden impunes no solo puede existir una “ley formal”, sino que también “es necesaria una administración que aplique la ley con eficacia y diligencia, ya que el tratamiento en última instancia promueve la impunidad”. “La Comunidad es la más interesada en no provocar delitos de este tipo”, subrayan fuentes del Ministerio de Justicia.
685 tiendas en la región
En toda la región hay 685 tiendas de este tipo, solo la capital concentra más de 360. Actualmente la concesión para abrir nuevas casas de apuestas está suspendida. También tienen la obligación de estar al menos a 100 metros de los colegios, aunque los locales tienen nueve años para adaptarse a esta norma que se puso en marcha con la última modificación del reglamento.
El número de casas de apuestas se ha multiplicado en la región en un 125% entre 2014 y 2019. En ese año, la presidenta Isabel Díaz-Ayuso declaró que el juego es «un problema de salud pública» que afecta especialmente a los jóvenes. De hecho, Madrid tiene ocho veces más empresas de este tipo que Barcelona debido a la laxa legislación que existe desde hace muchos años en la Comunidad para conceder estas licencias. Los habitantes de ciertos distritos como Aluche mantienen una batalla contra este sector porque consideran que la adicción al juego es un problema que afecta especialmente a los jóvenes con menos recursos.
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