¿Quién pagará la venta de la luz? | Economía

¿Quién pagará la venta de la luz?  |  Economía
Una persona observa el cableado con el que la red eléctrica transporta energía a la ciudad de Bilbao.
Una persona observa el cableado con el que la red eléctrica transporta energía a la ciudad de Bilbao.Luis Tejido / EFE

Hay que reducir la factura de la luz, porque su aumento exponencial es socialmente insostenible, especialmente para los más vulnerables. Entonces se va a encoger, sí o sí. El problema es cuándo y cómo … y quién pagará la reducción.

A largo plazo, las energías renovables – eólica, voltaica – ocuparán el lugar de los fósiles en el mix energético. La reducción del coste global será automática ya que los costes de su producción se limitarán a los costes fijos de las instalaciones (la materia prima no las transporta), y el precio deberá reducirse en cascada.

En el mediano plazo, dos proyectos de ley que ya están en curso permitirán reducir la factura: uno crea el Fondo Nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico (eliminación del costo de primas para las renovables más antiguas en cinco años); el otro detiene el sobrepago de las compañías eléctricas causado por el costo insignificante de las centrales hidroeléctricas y nucleares ya depreciadas, que en cambio se pagan al precio de la energía más cara (las llamadas ganancias caídas del cielo).

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Actualmente, el aumento ha llevado al gobierno a calibrar otras medidas. Algunos, fiscales: ampliar o aumentar la reducción de impuestos ya producida en junio (IVA y producción de electricidad); o incluso reducir el impuesto al consumo eléctrico (5,11%). Otros, hacia las empresas, como la recuperación de las subastas de energía primaria, que obligan a las empresas dominantes a ofrecer la pequeña parte de la energía que producen. El resto, sobre otros costes tarifarios: cómo traspasar parte del subsidio a los consumidores insulares, incluido en la factura, en el Presupuesto …

El aspecto cuestionable de este enfoque, que busca abarcar todos los elementos, es que lleva tiempo calibrar cada uno de ellos, tiempo del que no disponen los consumidores modestos o las pymes más tensas. Pero el acierto radica en su orientación a ceder la factura de la bonificación no solo a los contribuyentes, sino también a las empresas del sector.

Por otro lado, el proyecto de ley del PP formalizado este martes centra su artillería en la rebaja, eliminación o traspaso de cargas e impuestos a los Presupuestos: gasto insular (800 millones); el déficit tarifario (2.700 millones); la tasa de producción de energía eléctrica para las grandes empresas (1.500 millones) y perpetuar la reducción del IVA (hasta 2.000 millones). En total, alrededor de 7.000 millones de euros. La desventaja de este plan es precisamente que crea un agujero fiscal, que será cubierto por el presupuesto. Se supone que con otros ingresos fiscales (a los que se opone el PP) o, en su defecto, con recortes sociales.

En aras de la racionalidad y cauterizar la demagogia, sería deseable que no solo los proyectos de ley gubernamentales que aumentan el gasto detallen cómo compensarlos en el lado de los ingresos, sino también las iniciativas legislativas de los partidos.

Hay otro punto discutible en la propuesta conservadora: no involucra a las empresas del oligopolio eléctrico en una distribución justa de los actores que financian la reducción. Desafortunadamente, algunos han tomado la delantera esta semana en lo que promete ser una guerra comercial interna para el grupo. De máximo interés.

Naturgy anunció el miércoles que ofrecería un tope de 60 euros por megavatio hora a las personas cubiertas por tarifas reguladas. Por dos años y sin compromiso de duración: es decir reversible a opción del consumidor. Iberdrola reaccionó este jueves con una oferta alternativa, aún poco clara, de precios «personalizados y garantizados durante cinco años». Este es un modelo fijo de varios años que se utiliza en otros países europeos. Habrá que ver aquí sus detalles, y si implican una reducción cierta y sustancial. Si este fuera el caso, sería obvio que las empresas tienen margen. Bueno, ya sabemos que vender con pérdidas es ilegal.