Sentencia constitucional deja en el aire el pago de decenas de miles de multas de alerta máxima | España

Sentencia constitucional deja en el aire el pago de decenas de miles de multas de alerta máxima |  España

La condena anunciada este miércoles por el Tribunal Constitucional, que anula parte del decreto de estado de alarma que en 2020 confinó a millones de españoles en sus hogares durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus, abre un escenario inesperado para el gobierno de Pedro Sánchez: la devolución de miles de multas impuestas a los ciudadanos por eludir las restricciones. La resolución de la Audiencia Nacional, que se dará a conocer íntegramente en los próximos días, dejará sin efecto legal estas sanciones en el entendido de que fueron ordenadas en virtud de una norma que finalmente es derogada, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

A falta de conocer los entresijos de la sentencia y el alcance práctico de sus detalles, estas mismas fuentes subrayan que la idea es que declinen todas las multas dictadas que afectan al derecho de circulación, que han sido suspendidas por un medio ahora considerado inconstitucional. De esa manera, aquellos que aún no les hayan pagado no tendrán que hacerlo. Y aquellos que ya los han pagado deben fingir que les devuelven el dinero. Por supuesto, el texto de los magistrados tendrá que delimitar lo que ocurre, por ejemplo, con casos que ya han sido analizados por los tribunales y se ha dictado sentencia firme.

El dato manipulado por el Ministerio del Interior es que entre el primer estado de alerta que duró del 14 de marzo al 21 de junio de 2020, los distintos policías propusieron más de 1,14 millones de multas. En muchos casos, para hacer cumplir las restricciones, los agentes aplicaron el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza, que prevé la sanción por desobediencia a las fuerzas de seguridad por faltas graves, de 601 a 30.000 euros. El enorme volumen de sanciones provocó inicialmente el colapso de las delegaciones del gobierno en las diferentes comunidades, encargadas de tramitar cada expediente (a excepción de Cataluña y País Vasco, donde se transfieren estas competencias).

Este cuello de botella se ha ido resolviendo paulatinamente, aunque los últimos datos disponibles muestran que aún queda un largo camino por recorrer. Al 24 de marzo de este año solo se habían ultimado 161.702 de los expedientes abiertos por el primer estado de alerta, según detalla el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) y esto no incluye multas del vasco. País y Cataluña. Esta cifra representa apenas el 16,8% del total de sanciones propuestas en las comunidades incluidas en la respuesta del ejecutivo socialista.

En la espera

Tras conocer la decisión constitucional, La Moncloa se apresuró a reaccionar. Ha mostrado su sorpresa y malestar ante una decisión que estudiará de cerca para ver cuánto margen le deja, según fuentes gubernamentales. La ministra de Justicia, Pilar Llop, apareció por la tarde en un formato que no permitía preguntas de los periodistas: “En ese momento, el deber del gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para contener la propagación de un virus desconocido. millones de compatriotas. El encierro decretado en estado de alerta y el comportamiento ejemplar de los españoles nos permitió frenar el virus ”, dijo, sin dar más detalles sobre el nuevo escenario que se abre.

Las delegaciones del Gobierno en las distintas comunidades autónomas, encargadas del tratamiento de las sanciones, apostaron este miércoles por la mayor cautela. Según las fuentes de varias de ellas consultadas por EL PAÍS, estas organizaciones también están interesadas en primer lugar en conocer el contenido exacto de la decisión del Tribunal Superior -es decir, cómo se refleja la cancelación de las multas en la resolución de los magistrados- y, además, esperarán recibir «indicaciones» del Ejecutivo Central sobre cómo actuar.

La decisión pone en jaque varios millones de euros. Por ejemplo, según datos de la Comunidad Valenciana, la administración ya ha recaudado 14,1 millones de euros en sus tres provincias por infracciones a la ley de seguridad ciudadana durante el primer estado de alerta. De esta cantidad, 8,3 millones son multas pagadas a plazos.

El gobierno del País Vasco, que transfirió las competencias de tramitar los casos de sanción, también mostró este miércoles una actitud cautelosa similar. Según fuentes del ejecutivo de Iñigo Urkullu (PNV), la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional deja hasta 31.000 multas impuestas entre marzo y junio del año pasado.

Con información de Maria fabra, Mikel Ormazabal, Silvia R. Pontevedra, Lucie Bohórquez, Elisa tasca Juan Navarro.

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