julio 23, 2024

Trabajar a doble jornada y no llegar a fin de mes: la reforma laboral de Grecia condena a la precariedad | Economía

Konstantinos Zafeiris repasa su tesis en un ordenador apoyado en la barra de un bar. Le queda un día para defenderla ante un tribunal y ser doctor en antropología por la Universidad de Egeo, en la isla griega de Lesbos. Konstantinos, de 33 años, tiene el ordenador en la barra porque es el camarero y aprovecha que a las dos de la tarde el establecimiento no está muy concurrido para estudiar. No puede hacerlo en sus ratos libres porque no tiene. Compagina ser camarero con las prácticas en la universidad; y con un tercer empleo para una importante fundación del sector cultural. Ninguna de sus tres ocupaciones le basta para cubrir el mínimo vital, por lo que asume con resignación que su jornada laboral habitual se acerque a las 14 horas.

La reforma laboral que acaba de aprobar Grecia deroga el límite de la jornada laboral de ocho horas hasta ahora vigente y posibilita que un empleado tenga dos contratos, con dos empresas diferentes, hasta un máximo de 13 horas al día. La reforma fue aprobada gracias a la mayoría absoluta de los conservadores de Nueva Democracia, que cuenta con 158 de los 300 escaños del Parlamento. La oposición votó en contra en bloque: desde los comunistas del KKE a la extrema derecha, pasando por la izquierda de Syriza, aunque los socialistas del Pasok votaron a favor de algunos artículos de menor importancia que consideraban obligatorios para armonizar la legislación helena a la comunitaria.

Para trabajadores como Konstantinos estar 13 horas en el tajo no es una novedad. El ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, defiende la medida con el argumento de que ya no lo harán en la economía sumergida. “Si los empresarios quieren”, puntualiza el antropólogo, “porque el gobierno en ningún momento ha manifestado que quiera aumentar las inspecciones laborales, y pone la responsabilidad en los trabajadores, en vez de en los empresarios”. El doctorando opina que el objetivo de la reforma es recaudar más vía impuestos, en ningún caso mejorar las condiciones de trabajo.

Gracias a sus tres empleos, Konstantinos gana aproximadamente 1.100 euros mensuales. Es prácticamente el mínimo que necesita para vivir de forma independiente. Si cobrara menos tendría que compartir casa porque no podría cubrir el alquiler. Con dos trabajos solo llegaba a los 800 euros, por eso buscó el tercero. A menudo, si queda con algún amigo, lo hace en el propio bar donde trabaja. No solo porque apenas tiene tiempo libre, sino porque así no gasta. “Los jefes lo saben y les parece bien que ocasionalmente invite a mis amigos, porque este tipo de favores les permiten pagarnos menos sin que nos quejemos”, dice con media sonrisa. No tiene familia. “Apenas me puedo permitir tener perro y me pienso mucho cuándo le llevo al veterinario”, lamenta.

Masoud Soleymaniilkhechi tiene la misma edad que Konstantinos. Es iraní y reside en Lesbos desde hace cinco años. Hace tres que trabaja con contrato y siempre ha metido más horas que las que marcaba la ley hasta la reforma. Por las mañanas, de 9.00 a 13.30, es traductor en una ONG que ayuda a otros refugiados como él. De 14.00 a 20.00 coordina los turnos de una clínica gestionada por otra ONG. Le pagan 300 y 600 euros mensuales respectivamente; parte del sueldo en b. Dice que son 100 euros menos de lo que necesitaría para vivir sin ahogos. Es ingeniero informático, pero no tiene esperanzas de trabajar en su sector. La única alternativa a su alcance es la hostelería. “Sinceramente, esto es peor que en Irán, pero en Grecia, a diferencia de allí, se puede empezar de cero”, cuenta con un toque de optimismo.

En Lesbos, donde viven Konstantinos y Masoud, los empleos más comunes son, por este orden, profesor de primaria o secundaria, militar y funcionario del Servicio de Asilo dependiente del Ministerio de Migraciones. Los trabajadores de los tres sectores son mileuristas. Según Masoud, lo peor del pluriempleo es el agotamiento físico y la imposibilidad de tener días completos libres, por la dificultad de librar en los dos puestos en el mismo día. Casi nunca come platos cocinados por él, porque no le da tiempo. “La reforma debería garantizar sueldos dignos, en vez de impulsar que tengamos varios trabajos”, se queja. Tiene novia, pero no se plantea casarse y tener hijos porque no sabría cómo afrontarlo con su sueldo.

Reforma del derecho a huelga

La ampliación de la jornada laboral no es el único punto polémico de la ley. Los sindicatos se oponen a un nuevo sistema que informatiza el conteo de horas trabajadas porque aumenta el control sobre los trabajadores, mientras el Gobierno lo defiende como la mejor manera de medir la productividad. Se aumenta el plazo de prueba de los contratos indefinidos hasta los 12 meses, en los cuales el despido es libre, sin preaviso y sin indemnización. Se crea una nueva modalidad de contratos de cero horas por el que una empresa puede tener en guardia a una persona durante días o meses, sin garantizar que en ese tiempo le vaya a contratar en algún momento. Y fija que el trabajador estará obligado a aceptar el horario decidido unilateralmente por la empresa cuando su jornada sea “imprevisible”.

Para Nikos Bosinakos, funcionario y delegado sindical en el Ministerio de Trabajo, “la ley manda un mensaje a los empresarios que se resume en ‘podéis hacer lo que queráis”. Katerina Yanoula, que también es delegada sindical pero en otro ministerio, el de Desarrollo Rural, cree que la nueva regulación es muy perjudicial, pero no es sino la continuación de revisiones anteriores aprobadas por gobiernos de Nueva Democracia, pero también Syriza, especialmente en lo relativo al punto que más escuece a los sindicatos: la modificación del derecho de huelga y la criminalización de los piquetes.

El diputado de Nueva Democracia, Thanos Plevris, representante del ala más dura del partido gobernante, fue el encargado de defender la reforma en el hemiciclo. “Nosotros no representamos a los sindicalistas profesionales que nunca han trabajado y lo único que saben hacer es cortar carreteras”, exclamó dirigiéndose a la bancada de la izquierda, antes de añadir que “en todas las regiones que ustedes llaman obreras, populares o rurales, quien gana las elecciones es Nueva Democracia”. La derecha cree que la penalización de los piquetes es la vía para acabar con “la dictadura de los comunistas”.

La ley califica la actividad de los piquetes como “violencia psicológica” contra los trabajadores que no quieren secundar la huelga y decreta penas de prisión de “al menos seis meses”, sin fijar un máximo, para los participantes en dicha actividad o para quien intervenga en ocupaciones de empresas. Bosinakos cree que esto no detendrá a las secciones sindicales “más combativas”, pero sí provocará dudas, reservas e inacción en las más moderadas. Yanoula considera que la respuesta social a la reforma laboral no ha estado a la altura. Entiende que el paro no tuvo un seguimiento masivo como convocatorias anteriores y culpa a los sindicatos que convocaron la huelga “tarde” y con apenas días de antelación al debate parlamentario. “Nadie quiere perder días de sueldo si cree que la batalla está perdida”, señala esta ingeniera agrónoma.

Konstantinos advierte de que la continua precarización de las condiciones de trabajo puede provocar, a medio plazo, falta de mano de obra: “Muchos jóvenes de mi generación se han acostumbrado tanto a los trabajos de temporada y a los trabajos inseguros que se han dado cuenta de que es mejor irse a Noruega a pasar el verano que quedarse a malvivir aquí”.

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