Un Constitucional inconexo en alerta | España

Un Constitucional inconexo en alerta |  España

El gobierno de Pedro Sánchez está convencido de ello: su decreto del primer estado de alerta que impuso el confinamiento domiciliario entre marzo y junio de 2020 para combatir una pandemia que mató a 1.000 personas cada día fue lo correcto, por necesario, imprescindible y legal. . Pero el Tribunal Constitucional llegó a una conclusión muy diferente y declaró nula esta medida. La sentencia en estado de alerta, nacida de un tribunal dividido en dos en el caso y en la que las dos partes utilizaron argumentos jurídicos contrarios, dejó un terreno fértil en el escenario político para un mayor enfrentamiento.

Las brasas de la decisión judicial siguen ardiendo en la mesa del pleno del Tribunal Constitucional. Los 11 magistrados que integran este órgano -cuatro de los cuales llevan año y medio esperando ser sustituidos- se van de vacaciones sabiendo que les esperan otros casos explosivos a finales de verano sobre el material sensible de los derechos fundamentales.

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La división total (seis a cinco) que se produjo durante las deliberaciones sobre el instrumento legal que utilizó el gobierno para imponer la detención amenaza con repetirse en algunas de las principales sentencias pendientes, que van desde la constitucionalidad hasta la prisión permanente revisable aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy (PP ) a la ley de eutanasia del actual ejecutivo de coalición (PSOE-Unidas Podemos), incluidas las últimas decisiones sobre la usted paga. Una agenda diabólica que, tras los recientes enfrentamientos internos, presagia una fuerte tensión cargada en la caída por la cancha.

La sentencia que declaró inconstitucional parte del estado de alarma, luego de 15 horas de deliberación en cuatro plenos, marcó la culminación de una serie de episodios acumulados en el Tribunal Constitucional durante el año transcurrido. La resaca de la sentencia desató un hecho nunca antes visto en el juzgado: se tuvo que suspender un pleno porque los seis magistrados que habían sumado la mayoría y lograron revertir el encierro fueron ofendidos por otro magistrado, Cándido Conde-Pumpido, que los convocó. “Juristas de salón” y “laicos” en la materia en el borrador de su voto particular, subsiguientemente corregido. Estos seis magistrados se levantaron y no hubo sesión plenaria. “Era mejor así. Los espíritus no estaban para deliberar ”, especifica uno de los jueces al recordar el episodio.

Cándido Conde-Pumpido se disculpó por la dureza de su escritura, pero la fractura era imposible de ocultar. Juan Antonio Xiol, magistrado del sector progresista y autor de la última de las cinco votaciones disidentes individuales en el statu quo, llegó a defender la necesidad de corregir esta doctrina constitucional sobre el estado de alerta, aprobada por un solo voto de diferencia, en un sentencia por venir.

El problema para los 11 jueces de la Corte Constitucional es que la inmensa ira que suscita esta sentencia plantea una amenaza de respuesta al regresar de vacaciones. Entonces tendrán que resolver el recurso de Vox contra el segundo estado de alerta, que duró seis meses y, por tanto, un escrutinio parlamentario mucho más laxo que el primero. Vox, que también presentó el primer recurso, y el PP compiten desde hace meses por derogar la Constitución sobre importantes decisiones y leyes del gobierno. Apelaron contra el estado de alerta, la ley de eutanasia o la nueva legislación educativa, entre otros.

El segundo recurso contra el estado de alerta plantea aspectos nuevos respecto al primero. Aquí ya no hubo confinamiento de la población, aunque sí restricción de derechos. El ponente, el magistrado conservador del sector Antonio Narváez, presentará su proyecto de sentencia al pleno de septiembre. Tendrá que decidir si el sexenio para dicha situación fue excesivo y si este plazo fue inconstitucional porque significó evadir o reducir al máximo el escrutinio parlamentario.

La mayoría conservadora en la Asamblea Constitucional planteará serias objeciones a este sexenio de estado de alerta, sobre todo cuando se presente con la delegación de poderes a las comunidades autónomas, según fuentes judiciales. Es este sistema de cogobierno que defendió el presidente Pedro Sánchez y que sigue activo hoy el que también se cuestiona en el llamamiento, viéndolo como un intento de escapar de las responsabilidades del gobierno.

La batalla por la renovación y la presidencia

Hay batallas en el Tribunal Constitucional que pueden parecer prematuras, pero están ahí o, al menos, son intuitivas. Por ejemplo, por la presidencia del tribunal. El actual presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca, tienen vencidos sus mandatos desde noviembre de 2019 y estarán entre los que cesarán al renovarse (si se acuerda entre las partes).

Por ello, se informa de otra lucha importante. El año que viene, habrá otra renovación de la Constitución, la de dos magistrados nombrados por el Consejo General de la Judicatura y otros dos nombrados por el Gobierno. Si el Consejo aún no tiene capacidad para hacer nombramientos, porque también tiene un mandato extendido, se discutirá si el Ejecutivo puede hacerlo. El artículo 159.3 de la Constitución establece que «los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por un período de nueve años y se renuevan por tercios cada tres».

El debate surgiría si no se puede realizar esta predicción según la cual el cambio debe ser de un tercio del tribunal, es decir de cuatro magistrados y no solo de dos. El gobierno, por supuesto, intentaría a toda costa identificar los dos que lo afectan. Los actuales que llegaron esta vez -Pedro González Trevijano, ponente de la sentencia que canceló el encierro, y Antonio Narváez, ponente de la futura decisión sobre el segundo estado de alarma- fueron nombrados a propuesta del ejecutivo de Mariano. Rajoy (PP) . Si se reemplazan esos puestos, la corte podría pasar de una mayoría conservadora a una mayoría progresista.

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