Vivir en el patrimonio urbano durante una pandemia | seres urbanos | Planeta futuro

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La pandemia del covid-19 ha profundizado las desigualdades socioespaciales y la dinámica de reapropiación capitalista de la ciudad, que se viene desarrollando desde hace décadas. Los desalojos de inquilinos se han sumado a las tendencias de despoblación, subcontratación, turismo y desplazamiento social en el centro histórico de la Ciudad de México: hogares que, al perder su empleo o reducir sus ingresos, no pueden seguir pagando la renta de la vivienda que ocupan . y son expulsados ​​por medios pacíficos o violentos con o sin juicio intermedio.

En 1950, el centro histórico albergaba a 400.000 habitantes, pero en 2020 solo había 155.000. Esta despoblación es parte de un fenómeno mucho mayor. Entre 1990 y 2020, la Ciudad de México (hasta 2018 Distrito Federal) creció en 956,447 habitantes, pero 10 municipios incrementaron su población en 1,306,646, mientras que seis municipios centrales disminuyeron en 350,199 vecinos.

Las causas son múltiples: cambios en el uso del suelo, degradación física, falta de política habitacional en barrios céntricos, «rescate» del patrimonio urbano, peatonalización de calles … En una economía de mercado con regulaciones urbanísticas limitadas y cada vez más flexibles, las más las actividades rentables mueven la función de la vivienda. Al comparar los usos de la tierra por tierra en el catastro de 2001 con una encuesta de uso de la tierra realizada por la Autoridad del Centro Histórico en 2017, encontramos 2.26%. Así, a pesar del aumento absoluto de 10.600 viviendas entre 1990 y 2020, el uso de la vivienda a nivel de propiedad sigue disminuyendo. Cabe agregar que este territorio concentra el 10% de todas las unidades económicas registradas en la capital.

En esta ciudad se han multiplicado los megaproyectos financiados por capitales transnacionales, a través de instrumentos financieros creados exprofesional en 2011 por las autoridades federales – Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria (FIBRAS) y Certificados de Fideicomisos Inmobiliarios. Así, durante la última década se han autorizado 307 megaproyectos diversos: rascacielos corporativos y viviendas de lujo, torres de departamentos y oficinas y centros comerciales.

Edificio Trevi, desalojado en 2019 y 2020.Víctor delgadillo

Recientemente, el jefe de gobierno autorizó la construcción de otros 17 megaproyectos, solo en Paseo de la Reforma, para «salir» de la crisis económica producida por la pandemia. Son megaproyectos que no satisfacen las necesidades locales. Se construyen más como activos respaldados por inversiones financieras que para ser alquilados o vendidos.

Varios de estos edificios están construidos en las afueras del centro histórico, por lo que estamos hablando de una sede inmobiliaria (con 15 megaproyectos actualmente) que se beneficia de territorios accesibles, bien ubicados, dispersos y una normativa urbanística flexible. Más allá de los puestos de trabajo que generan y las actividades económicas que desencadena la construcción, tienen efectos negativos sobre la ciudad y sus habitantes, porque encarecen el barrio y desplazan indirectamente a la población.

La política habitacional en el centro histórico, por los últimos gobiernos, ha consistido en la regularización de la ocupación para insertar la vivienda en el «tráfico inmobiliario», la atracción de las clases medias y los desalojos, que han sido legitimados (e incluso publicados en un plan de gestión avalado por la UNESCO) como parte de la política de seguridad pública. El actual jefe de gobierno ha completado cuatro proyectos de vivienda social y anunció la rehabilitación de nueve barrios (ejecútalos en España) ocupada por nativos y la implementación de 10 programas con 907 viviendas de inversión privada, de las cuales 300 serían “viviendas inclusivas”.

No está claro si estas casas serán asignadas por las autoridades o se venderán en el mercado abierto. Además, todavía se duda de las buenas intenciones del gobierno de «izquierda», que diseñó instrumentos urbanos para construir viviendas sociales, pero terminaron siendo cooptados por empresas inmobiliarias que obtuvieron incentivos fiscales, facilidades administrativas y normativas que les permitieron densificaron aún más las propiedades, pero vendieron las casas a precios de mercado.

Distritos del Centro Histórico: “regularizarlos” para incluirlos en la “circulación inmobiliaria”.
Distritos del Centro Histórico: “regularizarlos” para incluirlos en la “circulación inmobiliaria”.Víctor delgadillo

Asimismo, en una ciudad donde no existen instrumentos para defender el derecho a la vivienda y la ciudad consagrada en la Constitución de México de 2018, es normal que muchas viviendas, incluso aquellas producidas con altos subsidios públicos (como la Casa de la Covadonga, que fue financiado por la Junta de Andalucía), se ofertan en el mercado de alquiler temporario AirBnB. En febrero de 2020 se ofertaron cerca de 600 unidades habitacionales en este territorio, incluidas varias en edificios completos.

Algunos de los proyectos recientes para rehabilitar edificios existentes en algunos territorios han incluido el desalojo de sus residentes. Quizás el caso más publicitado fue el del edificio Trevi, llevado a cabo de forma paulatina entre 2019 y 2020, porque un periodista que vivía allí y la Tortería Robles (en la planta baja) organizó una gran resistencia, inútil para la primera. El mismo tipo de desalojos se lleva a cabo en varios distritos de la ciudad, muchas veces con los mismos actores privados, como condición para la realización de los proyectos financiados.

Por ejemplo, la Fiscalía General de la Ciudad de México informa que en 2020 hubo un promedio de nueve desalojos diarios en la ciudad y 55 desalojos en 21 calles del centro histórico. Varios de ellos fueron ejecutados con violencia, ordenados por jueces provinciales y ejecutados por seguridad privada. En este contexto, es poco creíble que los esfuerzos de la autoridad local se dirijan a la construcción de centros habitables y habitados para los residentes actuales en la “nueva normalidad”.

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